Ilegalidades / Revista Digital San Borondón.- Antonio González Viéitez analizó para SB-Noticias las consecuencias que podría acarrear para la sociedad canaria el incumplimiento de las sentencias del TSJC en las que se reconoce la ilegalidad de venticuatro complejos turísticos “de gran porte” construidos en la isla de Lanzarote.
El profesor de Economía Mundial de la ULPG señaló en primer lugar: “La isla de Lanzarote ha sido pionera en el cuidado y protección de su patrimonio natural. En la isla hay una gran sensibilidad en materia medioambiental, no en vano, ha sido declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. En el año 2000 el Gobierno de Canarias aprobó un instrumento muy original: la famosa Moratoria, en la que se contenía unos criterios restrictivos a la hora de permitir la construcción de nuevas plazas turísticas. Es entonces cuando los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise se ponen en marcha para evitar tales restricciones y realizan todas las tropelías inimaginables, hasta el punto, de que el TSJC ha emitido hasta venticuatro sentencias declarando ilegales sendos complejos turísticos y hoteles de gran porte. Una vez hechas públicas las sentencias, el Cabildo de Lanzarote, que actuó como demandante en todas las ocasiones, declaró que estaba dispuesto a estudiar los casos uno por uno, pero en ningún momento dijo que estaría dispuesto a negociar con las partes afectadas. En todo momento en Cabildo de Lanzarote ha exigido el cumplimiento de la legalidad. Ahora bien, la gran sorpresa surge cuando aparece el Gobierno de Canarias, concretamente su Consejero de Medio ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, diciendo que no “hay por qué preocuparse: No son obras ilegales, se trata de cuestiones puramente formales y lo que hay que hacer es retrotraerse a los expedientes originales. Se hará una nueva Ley y si hay dificultades, se les dará salida a la totalidad de las obras”. Además, el Consejero dice que “No se ha cometido ninguna barrabasada porque ninguna de las obras ha sido construida en un Paraje Natural Protegido” y también se atreve a argumentar que esas obras representan el futuro del turismo en Lanzarote. Creo que las declaraciones del Consejero son de lo más tenebroso y pérfido que se ha dicho en Canarias en los últimos tiempos”.
Viéitez entiende que, a raíz de las palabras de Domingo Berriel, habría que admitir que “las formas en el mundo del Derecho son completamente irrelevantes, y esto es una verdadera atrocidad. Se atenta contra el principio de igualdad ante la ley y es un craso error considerar que sólo se comenten ilegalidades si se actúa irregularmente sobre un espacio protegido. La civilización y el Estado de Derecho entran en conflicto con esta interpretación que hace el Gobierno de Canarias. Un Gobierno que persigue las pequeñas ilegalidades y que se apresta a dar solución a las grandes irregularidades. Es una discriminación letal para la sociedad. El ciudadano pierde así la confianza en sus instituciones públicas, en el Sistema Judicial, en sus propios gobiernos.
El Consejero plantea una legalización a la carta que, además, viene a representar un acto de deslealtad institucional con el Cabildo de Lanzarote. El Gobierno de Canarias se sitúa al lado de quienes han estado cometiendo ilegalidades y pretende que el Cabildo de Lanzarote se pliegue a sus intereses. La sociedad canaria sabe que si se produce una “amnistía legal” en Lanzarote, la pérdida de confianza en sus instituciones haría un daño irreparable, sería imposible recuperar el prestigio institucional. Si ganamos la batalla legal que está planteada en Lanzarote, estoy seguro que se podrá acabar con tantos años de impunidad. El Gobierno de Canaria sabe que en el caso de Lanzarote no le servirán las falsedades. Se tendrán que demoler las construcciones que sean ilegales y, en el menor de los casos, aquéllos que han producido las irregularidades tendrán que compensar por los daños y destrozos realizados. Lanzarote es un isla que vive de un turismo muy cualificado, muy especial, y si permitimos que la banalización que ha caracterizado al Gobierno de Canarias en los últimos años, caiga sobre ella, su prestigio como destino turístico se vería profundamente afectado”.
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