José Mª López-Molina Adell / Icod Republicano.- Si bien Antonio Lara Zárate se había iniciado en la vida política en las asambleas celebradas hacia 1908 con motivo de la propuesta de reforma de la Administración Local presentada por Maura, que para las Islas implicaba reactivar la pugna por la capitalidad y para Gran Canaria una nueva oportunidad para defender la división provincial, a la que él se opone vivamente, es durante el periodo de la II República cuando ocupa un lugar esencial en la vida insular y, en especial, en el Partido Republicano Tinerfeño (PRT), desde el cual se proyecta con fuerza a escala estatal.
La convocatoria de elecciones municipales para abril de 1931 obliga a la anquilosada maquinaria de los partidos isleños a su puesta a punto. Para ello el PRT convoca una asamblea para el día 15 de febrero en la que se faculta al directorio a iniciar los contactos necesarios para establecer alianzas con las fuerzas antidinásticas que estime oportunos, como ocurre en la Península [1].
La reorganización de la maquinaria republicana irá extendiéndose al interior de la isla mediante la celebración de asambleas y mítines que cuentan con la inestimable colaboración propagandística del que es su portavoz en esta primera etapa, el periódico El Progreso.
Llegado el 12 de abril, el triunfo republicano es incontestable en Tenerife. Su capital, Santa Cruz, tiene en Andrés Orozco Batista su primer alcalde republicano mientras en el Puerto de la Cruz triunfa abrumadoramente la candidatura socialista, expresión del peso del movimiento obrero en el Valle de la Orotava.
El 14 de abril, siguiendo instrucciones telefónicas del jefe de su partido, Alejandro Lerroux, Lara se hace cargo provisionalmente del Gobierno Civil de Tenerife, acompañado por el que desde entonces será su secretario, Elfidio Alonso Rodríguez [2], y contando con la simpatía de la Federación Obrera y de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
Dos días después toman posesión de sus cargos el nuevo presidente del Cabildo, Rubéns Marichal López, que además de tener intereses exportadores es secretario del directorio del PRT, y el alcalde de Santa Cruz, Andrés Orozco, también de la directiva del PRT. Este asalto del PRT a las instituciones le permite constituirse, al mismo tiempo, en representante de la esperanza republicana y, por tanto, en el partido con el que se identifican amplios sectores de la clase trabajadora campesina y urbana seducidos por su discurso progresista, y en representante del espíritu de orden, lo que proporciona confianza a las clases medias. Por último, la composición de su directorio, en el que se sientan prominentes exportadores e importadores, permite a la burguesía insular dirigir la línea de un partido que combina un discurso radical y una acción moderada.
Los primeros meses del nuevo régimen están caracterizados por el ejercicio efectivo de las libertades, la reorganización de los partidos y asociaciones obreras, y la puesta en funcionamiento de las nuevas instituciones democráticas. Son meses de un consenso que no tardará en mostrar fisuras cuando el movimiento obrero comprenda que la República no es más que el nuevo caparazón político de la clase dominante que hasta entonces había controlado el poder. A ello contribuirá la cascada de incorporaciones de viejos monárquicos y caciques a las filas del PRT para preparar las elecciones a Cortes Constituyentes. A esta tarea se va aplicar con decisión Antonio Lara, una vez relevado al frente del Gobierno Civil. En mayo se celebra la primera asamblea insular con la finalidad de debatir el documento de Bases para la reorganización del PRT. En la base primera se establece que el PRT es autónomo y circunscribe su acción a Tenerife; aclara en la base segunda que tiene como fines: estar al servicio de la república, deshacer las organizaciones caciquiles monárquicas y recabar la descentralización administrativa y el absoluto respeto a los derechos históricos de Tenerife, sin perjuicio de definir oportunamente su orientación en orden a los programas de los partidos republicanos nacionales [3].
Esta declaración de intenciones pretende aclarar que no entrará en conflicto con otros partidos republicanos del Archipiélago, y especialmente con el Partido Republicano Palmero, al cual aceptará como una extensión del PRT en La Palma e integrará en las listas electorales de los distintos comicios. Pero también que estrechará vínculos con el Partido Republicano Radical (PRR) de Lerroux, del cual el PRT constituye su apéndice en Tenerife. Se trata, en primer lugar, de dejar claro que el republicanismo en Tenerife es el PRT. y, en segundo, de afirmar que está dispuesto a resucitar el conflicto regional, reivindicando la marcha atrás en la decisión de división provincial tomada por la Dictadura en 1927.
Por otra parte, las conversaciones sostenidas con los socialistas para concurrir conjuntamente a las elecciones constituyentes de junio de 1931 pronto son rotas por el PRT. Hay tras ello un claro deslinde ideológico frente a una fuerza auspiciadora del crecimiento de un movimiento obrero que días antes de la ruptura había exigido un programa mínimo de aplicación de la legislación laboral.
Es el inicio de un distanciamiento que en breve da al traste con el clima de consenso que presidió los primeros días del nuevo régimen y que permite obtener el éxito deseado, pues logran copar los puestos de mayorías en las elecciones celebradas el 28 de junio. Sus cuatro candidatos son los más votados y, por tanto, los elegidos por Tenerife, junto al socialista Domingo Pérez Trujillo y el ex-monárquico Andrés de Arroyo.
La cuestión canaria en la Constitución republicana de 1931
Una vez entregado a la Cámara el proyecto constitucional y abierta la presentación de enmiendas, interviene por la minoría federal en el debate Franchy Roca [4] , quien manifiesta el desconcierto que produce a su formación el hecho de que parecía haber una opinión general, difusa, de que esta República naciente iba a ser una República federal y, sin embargo, hasta entonces sólo se ha manifestado en tal sentido, y a título particular, el jefe de la minoría radical, el también canario Rafael Guerra del Río [5] . Por su parte, los representantes republicanos por la provincia de Tenerife, como ya se anticipó, no dejan pasar la oportunidad para tratar de restaurar la preeminencia de esta isla y devolver al Archipiélago al momento de aprobación de la Ley de Cabildos, de 11 de julio de 1912. Andrés de Arroyo, Antonio Lara y Andrés Orozco firman una enmienda a los artículos 1º y 10 por considerar que derogan implícitamente la ley de 1912 y que consagran el decreto arbitrario de la Dictadura que dividió en dos provincias la "única" de siempre. En concreto, proponen:
Para el Archipiélago canario, como región natural, geográfica de definidas características culturales, históricas y económicas, comunes, regirá la ley de 11 de julio de 1912 en cuanto a sus artículos esenciales 1º, 5, 6º y 9º especialmente, que afirman y reconocen la variedad insular dentro de la unidad de la provincia y región. Cada Cabildo insular tendrá todas las funciones administrativas que corresponden a las provincias; y el organismo provincial, o regional, del Archipiélago asumirá las funciones políticas y administrativas que se determinan en el artículo 15 de esta Constitución y las demás que proponga y se le reconozcan previo el trámite señalado en el art. 12. (...) [6]
En los debates habidos el día 25 de septiembre, la enmienda Lara [7] es aprobada en una primera votación con el apoyo de radicales, agrarios, vascos y catalanes. Y aunque la enmienda fue finalmente desechada, su resonancia en la prensa tinerfeña contribuyó a aumentar la simpatía depositada en el PRT por los insularistas.
El estatuto catalán
En abril de 1932, la Comisión de Estatutos, de la que Lara es vicepresidente, presenta a la Cámara el proyecto de Estatuto catalán, que centra durante cuatro meses el interés mayoritario de las Cortes Constituyentes porque, aunque su debate es paralelo al de la Reforma Agraria, cuyos detalles veremos más adelante, es bien cierto que del Estatuto se conocía la firme determinación de los catalanes en su aplicación, algo que cada sesión parlamentaria desmentía de la Reforma agraria.
El encargado de exponer la posición del PRR sobre el articulado del Estatuto es su portavoz, Guerra del Río, quien explica que en tres puntos capitales no podemos seguir nosotros al Gobierno y a la Comisión en el proyecto de Estatuto: orden público, enseñanza y Hacienda [8].
Sobre la enseñanza, Antonio Lara presenta un voto particular en la Comisión al artículo 10 que se convierte en uno de los puntos centrales del debate de todo el Estatuto. Dice así la propuesta de Lara:
Independientemente de la función cultural que el Estado ejercerá en Cataluña por medio de sus instituciones docentes de todos los grados, en lengua castellana, la Generalidad podrá crear otros Centros de enseñanza, en lengua catalana, cuyo funcionamiento se acomodará a lo dispuesto en el art. 50 de la Constitución y a las normas fundamentales que la ley de Instrucción pública declare de observancia ineludible en todo el territorio nacional.El principio de obligatoriedad en la enseñanza primaria, se entenderá cumplido mediante la asistencia de los escolares a las escuelas del Estado o de la Generalidad.La expedición de títulos académicos y profesionales queda reservada al Estado, así como la suprema inspección que reglamentará el Gobierno de la República para asegurar el cumplimiento de las prescripciones constitucionales y de lo dispuesto en este Estatuto.También podrá crear la Generalidad otros servicios culturales como Museos, Bibliotecas, Archivos y Conservación de monumentos [9].
En el debate intervienen Ortega y Gasset y Unamuno que, con Lara y los radicales, se oponen a los criterios catalanistas sustentados por la Comisión. Defienden para ello la existencia de dos redes educativas, la amparada por el Estado, en castellano, y la creada por la Generalidad, que lo sería en catalán. Tratan de garantizar con ello la enseñanza en castellano; criterio igualmente sostenido en lo relativo a la universidad. Entiende Lara que con la fórmula propuesta Cataluña deja de estar en inferioridad, sale de un estado de opresión del idioma y la cultura [10] y se equipara en todo con la cultura castellana. Sus observaciones no son compartidas por el catalán Bello, para quien la minoría radical mantiene con ellas un criterio restrictivo para la autonomía que generaría desde el principio un estado de disgusto en Cataluña. Como tampoco lo comparte Ossorio y Gallardo, para quien aunque es potestativo, no es necesario que el Estado se obligue expresamente a mantener una red estatal.
Es cierto que la votación nominal desecha finalmente la enmienda por 160 votos en contra frente a 110 a favor, pero la Comisión manifiesta que ésta tiene una porción de puntos admisibles, que espera mejorar. Su activa participación tanto en la Comisión del Estatuto como en los debates permite a Lara ganarse el respeto y admiración de sus correligionarios y del resto de miembros de la Cámara, de la que se convierte en Vicepresidente.
Reforma agraria
El 24 de marzo de 1932 se presenta a las Cortes el Proyecto de Ley de Bases para la Reforma Agraria, lo que significa que se debatirá simultáneamente con el proyecto de Estatuto catalán, dando lugar al aumento de la tensión política y al enfrentamiento de los partidos de la oposición con el gobierno de Azaña, por un lado, así como al incremento de la conflictividad social en todo el Estado. Ello es consecuencia tanto del desencanto creciente de buena parte de los trabajadores, que observan cómo las promesas que se les había hecho en nombre de la República se diluyen en los debates parlamentarios, como del resultado de la recesión económica mundial derivada de la crisis de 1929. Las enmiendas presentadas por los diputados canarios dan una idea de la importancia que tiene este debate para los intereses agroexportadores de las islas. Como puede suponerse, aceptada por razones de principios la necesidad de una reforma agraria, utilizada como bandera electoral, parece lógico que la batalla de aquellos que en realidad no la comparten se centre en acogerse a las exclusiones a contemplar por el texto, por unos u otros motivos, de las propiedades de su región. Tal es el caso de los diputados canarios, que asumiendo formalmente la necesidad de la misma para otras regiones, consideran innecesaria la aplicación de esta ley en el Archipiélago. El grueso de las enmiendas que presentan va dirigido a la inclusión de Canarias en la base 7ª, es decir, en las tierras exceptuadas de expropiación. Guerra del Río y Andrés Orozco son quienes se entregan de forma más apasionada en su defensa, representando en esto el sentir de sus compañeros y de los propietarios canarios.
En julio Alonso Pérez defiende la supresión del apartado 7º de la base 6ª, es decir, la eliminación de la expropiación de aquellas fincas arrendadas por más de doce años. Con todo, la enmienda más importante de las presentadas por los diputados canarios al proyecto de reforma agraria es la defendida por Antonio Lara en la que se pide directamente la exclusión de Canarias de la ley. Agotados los argumentos, lo significativo de su intervención y de la Guerra del Río reside en la utilización de uno de los recursos mejor administrados por los diputados canarios en los momentos difíciles: el de la frágil españolidad del Archipiélago. Lara Zárate explica a la Cámara cómo la economía canaria está y ha estado casi totalmente desvinculada de la economía peninsular, pero Guerra del Río es mucho más explícito al respecto:
Eso es una obra separatista. Lo que está haciendo la Comisión es crear separatismo en Canarias. Nunca nos ha dado España un céntimo y ahora viene a quitárnoslo. (...) en aquellas islas el Estado, la Hacienda, España no nos ha dado un solo céntimo nunca para obras hidráulicas; que todo nos lo hemos hecho nosotros [11]
El ministro de Agricultura y Comercio viene a tranquilizar a los diputados canarios:
Para decir únicamente dos palabras a la representación de Canarias. El Gobierno ha sentido, desde el primer momento, vivo interés por el problema especial que dentro de la Reforma agraria plantea la economía agraria de Canarias y, en este sentido, el Gobierno ha informado a la Comisión con el criterio siguiente: que cuanto en la economía agraria de Canarias represente características especiales que escapen a los principios y a las exigencias que la Reforma agraria tiene, como atentar contra ellas representaría atentar contra la base de la economía agraria de Canarias, quede, de una manera clara y terminante, exceptuado de la aplicación de la Reforma agraria [12]
Ciertamente, los diputados canarios habrían preferido una exclusión expresa de las Islas, pero lo asumido por la Comisión reportaba la confianza necesaria a los propietarios de tierras de Canarias y garantizaba la continuidad de estos como sus representantes.
El Giro
Paralelamente, cada vez es más evidente el distanciamiento entre los republicanos de izquierda y los socialistas, aumenta el clima de tensión social y presiona con mayor insistencia la ya reorganizada derecha estatal.
En estas circunstancias, la formación de un nuevo gabinete encargada por Alcalá Zamora a Lerroux dará como resultado un gobierno netamente republicano en el que Antonio Lara asume la cartera de Hacienda, mientras Rafael Guerra del Río asume la de Obras Públicas.
Más poco dura este equipo, y Diego Martínez Barrio es encargado de formar un nuevo gobierno de concentración republicana en el que repiten Lara y Guerra del Río. El objetivo de éste es disolver las Cortes y convocar elecciones generales para el 19 de noviembre de 1933 ante la presión de una Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) que se ha convertido en el partido aglutinador de todos aquellos sectores de la derecha católica y conservadora.
Mientras tanto, en las filas del PRT se respira una intensa actividad electoral en torno a la candidatura encabezada una vez más por el ministro de Hacienda Antonio Lara, que esta vez será también candidato por Madrid por el Partido Radical. La campaña de los radicales se caracteriza por el conservadurismo tendente a tranquilizar a la clase media con mensajes en los que subraya ser interclasista y defender la propiedad privada. Con ella, de los seis puestos que corresponden a la provincia de Tenerife, cinco son obtenidos por el PRT y uno por las derechas de Acción Popular Agraria (APA), quedando sin representación los socialistas. Acompañan a Lara Zárate, Rubéns Marichal, Alonso Pérez Díaz, Andrés Orozco y Elfidio Alonso por el PRT, y Tomás Cruz García [13] por APA.
Por su parte, la CEDA, obtiene en todo el Estado 115 diputados, demostrando haber logrado aglutinar a todos aquellos sectores de la derecha descontentos por la labor legislativa en lo referente a la Reforma agraria, el Estatuto catalán y la cuestión religiosa.
Lerroux constituye un gobierno de centro derecha que consuma la ruptura entre las fuerzas que habían protagonizado el advenimiento de la República. En él repiten como ministros los canarios Guerra del Río y Lara Zárate. Consciente de su fuerza, la CEDA, principal partido de la oposición, espera el momento más adecuado para forzar su entrada en el gobierno, desarrollando una labor parlamentaria que se encamina a desmontar las conquistas logradas en el periodo anterior: incremento de los desahucios y descenso de los salarios en el mundo rural, enfrentamiento competencial con el gobierno de Esquerra Republicana de Catalunya, paralización de la expropiación e indemnización a los Grandes de España y continuo aumento del paro, que ya suma 600.000 trabajadores, 400.000 de los cuales son campesinos, mientras se torna a pagar dos tercios del sueldo a los sacerdotes en concepto de jubilación.
Finalmente, con el incremento de la tensión social y política a lo largo de 1934, la entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA en octubre de 1934 desata las iras de cuantos veían en ello la toma del poder por los fascistas y dispara uno de los episodios más relevantes de la II República: la Revolución de octubre. La fortísima represión a que da paso supondrá la reactivación solidaria de los vínculos entre republicanos, socialistas y comunistas que acaba materializándose en la constitución del Frente Popular de Izquierdas (FPI) de cara a las elecciones de febrero de 1936.
Ruptura radical
La aceptación de colaboración con la derecha supuso no sólo la ruptura de la alianza republicano-socialista, sino la ruptura misma en el seno del PRR. Efectivamente, la crónica de la vida del PRR a partir de 1934 es, pese a los sucesivos intentos que se hacen desde la dirección y el grupo parlamentario por reconstituirlo una y otra vez, la crónica del hundimiento.
En mayo de 1934 un grupo de diecisiete diputados, encabezados por Martínez Barrio, abandona el Partido Radical y el Gobierno, y apuesta por una reorientación política encaminada a buscar la unidad republicana frente al avance de la derecha. Entre ellos están los canarios Lara, Elfidio Alonso y Pérez Díaz; por su parte, Rubéns Marichal, y Andrés Orozco, permanecen fieles a Lerroux; y con ellos el PRT, partido en el que al poco se manifiestan los síntomas de división.
La adhesión de Lara a la decisión de Martínez Barrio [14] señala la continuidad de una trayectoria de lealtad inquebrantable sostenida desde los primeros días del régimen. En el discurso ofrecido por Martínez Barrio el 17 de junio de 1934 con motivo de la presentación del nuevo partido constituido por los escindidos éste expone las razones que le empujan a adoptar tal decisión:
No respondió a una pugna doctrinal.(...) Yo acentué públicamente (...) la necesidad de que nuestro partido realizara una política propia en consonancia con los postulados de su doctrina (...) pero se tenía propósito distinto y contrario: el de servir los intereses y aspiraciones de las fuerzas de derecha, singularmente de las simbolizadas por Acción Popular y dirigidas por el señor Gil Robles.
La escisión venía a ser más oportuna por cuanto las continuas acusaciones de inmoralidad y corrupción de destacados radicales se repetían ahora, apuntando hacia la figura de Guerra del Río. Los diputados escindidos constituyeron una comisión, presidida por Lara, encargada de preparar la asamblea nacional que daría lugar al nacimiento de Unión Republicana (UR).
Más la salida de Lara de las filas del lerrouxismo no implica un descenso de su actividad parlamentaria. Particularmente significativas son las intervenciones en contra de la proposición de Gil Robles de incompatibilidad moral de la Cámara e incautación de los bienes de las organizaciones que intervinieron en la revolución asturiana; la petición de levantamiento parcial del estado de guerra; la aprobación de la enmienda que presenta al proyecto de ley sobre reserva de plazas a opositores residentes en Canarias, o el respaldo a la proposición encabezada por Guerra del Río y firmada por los diputados canarios de ambas provincias, instando al Gobierno a no limitarse a aplicar medidas de urgencia al pavoroso problema del paro en Canarias.
Teniendo en cuenta la autonomía organizativa que caracterizaba al PRT, los diputados escindidos por Canarias aceptaron, en un primer momento, evitar implicar a la organización insular, de manera que, aun perteneciendo a minorías parlamentarias distintas en Madrid, en el ámbito insular permanecerían unidos. Mas, pese a los esfuerzos desplegados por Orozco y Lara para evitarlo, el PRT comienza a mostrar los primeros síntomas de una descomposición contenida que se hace harto evidente ya en 1935.
La primera escisión del PRT es conducida por José Carlos Schwartz Hernández [15] tras la Asamblea Provincial celebrada en septiembre. Le acompaña un nutrido grupo que converge en las filas del partido azañista de Izquierda Republicana (IR), liderado en Tenerife Luis Rodríguez Figueroa [16] , procedente del radical-socialismo. Esta parece ser la señal, es posible que con el visto bueno de Lara, para que Elfidio Alonso dé los pasos para constituir la organización de UR en Tenerife, y arrastre tras de sí a buena parte de los miembros del partido y de la Juventud Republicana.
Más los gestos no han acabado, y en lo que parece ser un intento de frenar el hundimiento del partido el siguiente en hacerlo es Rubéns Marichal, quien la segunda semana de diciembre decide anunciar su separación del Partido Radical, pero mantenerse en las filas del PRT, simulando un distanciamiento crítico hacia las posiciones del radicalismo estatal con la esperanza de retener la confianza del electorado y evitar un previsible descalabro.
El año acaba con una reorganización gubernamental hecha con el objetivo de disolver las Cortes y convocar elecciones para el 16 de febrero de 1936.
Hacia el Frente Popular de Izquierdas
Mientras Gil Robles es apartado de las tareas de gobierno, Azaña, Martínez Barrio y Sánchez Román inician conversaciones sobre el pacto electoral de las izquierdas a las que en breve se suman los socialistas y los comunistas. Antes de finales de diciembre los contactos han dado su fruto y se anuncia la unidad de la izquierda en el denominado Frente Popular de Izquierdas en torno a un programa de defensa de la democracia cuyo primer punto se dirige a los presos por la revolución de 1934: la amnistía. La actividad política se intensifica durante las primeras semanas de 1936 con el fin de lograr las alianzas necesarias de cara a las elecciones convocadas para febrero.
Antonio Lara concurre por UR a las elecciones con el FPI, obteniendo el acta de diputado por la provincia de Sevilla, feudo de Martínez Barrio. En la provincia tinerfeña los resultados electorales se caracterizan no tanto por el empate entre el FPI y la derecha -aunque el sistema electoral premia a la coalición-, como por la desaparición del mapa parlamentario del PRT que pasa a disolverse en cuestión de meses, pues sus candidatos no alcanzan el porcentaje necesario en unas elecciones caracterizadas por la falsificación de actas y otras anomalías al más viejo estilo caciquil en las que se ven igualmente implicados los candidatos de la derecha y los del FPI [17].
El gobierno del Frente Popular
Con un triunfo evidente, que da a las izquierdas 291 escaños frente a 182 a las derechas, el 19 de febrero se constituye el nuevo gobierno de coalición entre IR y UR presidido por Manuel Azaña con el respaldo de todos los integrantes del FPI. En este gobierno Lara desempeña la cartera de Justicia y, pese al poco tiempo que la ocupa, a él corresponde la ampliación del Decreto-ley de Amnistía que libera a los millares de presos detenidos desde 1934. También acomete desde el ministerio la reforma de la ley de Orden Público, y la reforma de la ley orgánica del Poder judicial, entre otras.
El objetivo que persigue el nuevo gobierno de Azaña es la pacificación. Para ello se ha concedido la ansiada libertad a los presos y la Generalitat Catalana ha recobrado al tiempo su libertad y sus funciones en lo que parece ser la vuelta a la normalidad. El frentepopulismo se propone, ante todo, una política de contención revolucionaria que permita recuperar el espíritu legislativo reformista del primer bienio sin atemorizar a la burguesía. Mas, pasados los primeros días de compromiso, la actividad huelguística se recrudece. Es la respuesta de un movimiento obrero que ha visto conculcados buena parte de los logros alcanzados en el primer bienio por parte de una patronal que se vio respaldada por la política represiva de la coalición republicano-conservadora del segundo bienio con el concurso local de los gobernadores civiles. Las huelgas en las ciudades y las ocupaciones de fincas ponen pronto en jaque al Gobierno. Este deterioro social lleva al gabinete a la crisis y a la suspensión de la actividad parlamentaria, que a su reanudación lo hará con Azaña como Presidente de la República y Casares Quiroga, de IR, dirigiendo un gobierno con similares objetivos al anterior en el que, sin embargo, ya no están Marcelino Domingo ni Antonio Lara, pero al que se incorpora la Esquerra catalana.
Desbordadas las intenciones por la realidad, los siguientes meses se caracterizan por el estallido de un movimiento obrero que supera las posibilidades de control del gobierno, lo que se traduce en una retirada progresiva del apoyo de una clase dominante que radicaliza día a día su oposición al régimen, al que acusa de incapacidad para controlar el orden público.
La sublevación
El levantamiento se produce finalmente el sábado 18 de julio, lo que resta capacidad de reacción al Gobierno y los trabajadores, y proporciona una ventaja inmejorable a los sediciosos. Esa misma tarde, el gobierno de Casares Quiroga presenta su dimisión y Azaña encarga la formación de un nuevo gabinete a Martínez Barrio, que asume la dirección de unas operaciones tendentes a frenar el éxito del golpe y, al tiempo que contacta con las guarniciones, prosigue los intentos para formar su gobierno de pacificación, constituido exclusivamente por republicanos. Entre ellos, nuevamente Lara es propuesto como ministro de Obras Públicas. Sin embargo, ningún intento puede parar ya un pronunciamiento que inmediatamente se convierte en Guerra Civil [18] y el citado gobierno no entra en funciones.
A partir de estas fechas la actividad política pasa, evidentemente, a un segundo plano, pues son las acciones militares las que marcan la pauta a los sucesivos gobiernos que se constituyen con el fin de decantar el conflicto de forma favorable hacia la República.
Pese a la pacificación del territorio de manera inmediata, en el Archipiélago se producen casi dos mil ejecuciones en forma de fusilamientos, mareos, paseos, etc. La actividad represiva en las islas está en manos de los militares sublevados, con el concurso de los miembros de Acción Ciudadana, Falange Española y el apoyo decidido de significados miembros de la clase dominante y de la jerarquía de la Iglesia. Entre otros, muchos ex-correligionarios tinerfeños de Lara pasan a prestar sus servicios al nuevo Estado fascista.
Con la incertidumbre que provoca el no saber cuándo se podrá volver a una isla en la que, además de sus amigos, se encuentran su mujer y tres hijos, Antonio Lara prosigue la tarea que se había trazado desde que se proclamó el nuevo régimen: defenderlo. A partir de ahora lo hace cumpliendo con aquellos cometidos que le encarga su Presidente, Manuel Azaña, es decir, en labores de tipo diplomático.
Antonio Lara pasa a jugar un importante papel en representación del FPI en París, tratando de coordinar desde la embajada de España las acciones tendentes a obtener apoyo logístico de Francia, así como de organizar la propaganda en lo que él denomina el Frente Internacional. En los informes que realiza Lara desde París se nos revela no sólo un infatigable militante, sino también un agudo observador político. Con otro canario -Juan Negrín López- presidiendo el Gobierno, Antonio Lara, como ya se ha dicho, es requerido por Azaña para el desempeño de gestiones diplomáticas:
Con Lara he hablado largamente, con el propósito, y el encargo, de que le repita a Ossorio lo sustancial de la conversación. Recapitulo mis hasta ahora inútiles exhortaciones para que comprenda, no sólo la parte formal de su cometido, sino el fondo de sus gestiones cerca del Gobierno francés, lo más importante de las cuales, con serlo mucho, no consiste en obtener que pasen unos vagones de material. Hace falta, sobre todo, otra cosa: la explicación de lo que puede ser la República en tanto esté presidida por mí, y lo que significa el hecho de que continúe presidiéndola [19].
Tras el fracaso de todos los esfuerzos desarrollados por el Gobierno de Juan Negrín, éste y el presidente de la República, acompañados por algunos ministros, cruzan la frontera de Francia el 6 de febrero de 1939. En sus memorias, Martínez Barrio relata aquellos días en que Manuel Azaña se encuentra en París: Rápidamente los exministros que se encontraban en París, don Augusto Barcia, don Santiago Casares Quiroga, don Marcelino Domingo, don Antonio Lara, don José Giral y yo, formamos guardia alrededor del presidente. Todas las tardes, por tácito acuerdo, nos reuníamos con él y a su lado discutíamos las noticias que llegaban de la patria. Noticias desconsoladoras
Tres semanas después, el 25 de febrero, el gobierno francés hace saber a los republicanos que en breve piensa reconocer al gobierno de Franco. Perdida la última esperanza, Azaña dimite el 27 de febrero. Apenas un mes más tarde los últimos reductos del ejército republicano han sido desbaratados y la guerra llega a su final. Más de medio millón de españoles cruzan la frontera francesa huyendo de la previsible represión que se cierne. La nueva esperanza de todos estos españoles y españolas estaría ya no sólo en que la II Guerra Mundial resolviera el problema español, lo cual tampoco sucedería, sino en buscar países en los que reiniciar sus vidas en libertad.
Antonio Lara en el exilio
Acabada la guerra, Lara, conocedor de la feroz represión que desde 1936 se viene desarrollando en Canarias, consciente del papel que ha jugado en el FPI, amante a ultranza de la legalidad republicana, en cuya defensa armada y diplomática ha trabajado intensamente, opta por el exilio. Tras su estancia en París, donde había desempeñado labores en la embajada española, Antonio Lara se desplaza a Inglaterra. Desde Liverpool embarca en el vapor Orduña hacia México acompañado de su hijo Cristóbal. Ambos llegan al puerto de Veracruz el 9 de septiembre. Allí dedica su exilio al ejercicio de la abogacía, trabajando para el que fuera ministro republicano Sánchez Román y asesorando al Presidente de este país, Ávila Camacho, al no poder abrir bufete propio en la ciudad de México por negarse el gobierno español a remitir su título.
Una vez reconstituidas las instituciones republicanas en el exilio, Lara forma parte de la Diputación Permanente de las Cortes en México, desde donde trabaja para conseguir el reconocimiento de extraterritorialidad por parte de aquel gobierno para las mismas, acto que se produce en enero de 1945. Por su parte, Elfidio Alonso, también diputado por UR, retorna en el exilio a las labores periodísticas desde las que inició su carrera política y con las que sirvió al régimen republicano durante la guerra al hacerse cargo del periódico ABC. Ya de vuelta en España Elfidio Alonso, rinde homenaje a su amigo Antonio Lara:
Lara y Zárate formó parte de la Diputación Permanente, pero no quiso regresar a París, donde se establecieron. Ni por su edad ni por su temperamento era aconsejable la aventura que otros emprendimos inducidos por la quimera sempiterna del peregrino. Pero no claudicó en su posición ni en sus ideas (...) [20]
En el referido artículo de Elfidio Alonso recuerda el último encuentro con Lara en México, una vez que ha perdido lo que él denomina la sempiterna quimera del peregrino y pasa a ser uno más de la generación del llanto y del exilio:
(...) Años más tarde, en 1952, pasé por México camino para Venezuela, a donde iba a fijar mi residencia, convencido de la inutilidad de nuestros esfuerzos para hacer cambiar la actitud del laborismo británico, a los demócratas-socialistas incluidos de la Cuarta República francesa, a la Casa Blanca... ¡y también, y también ...! al dictador Stalin.Don Antonio estaba moralmente cansado. Al despedirnos presentíamos que nos dábamos el último abrazo. Meses después leí en un periódico de Caracas que había muerto. [21]
Antonio Lara Zárate muere el 24 de febrero de 1956 a los 75 años en la ciudad de México, apartado de las islas que lo vieron nacer.
Notas:
[1] Para conocer la caracterización de las fuerzas políticas que actúan en las Canarias occidentales durante la II República debe consultarse la obra de Cabrera Acosta, Miguel A.: La II República en las Canarias Occidentales, Tenerife, Cabildo Insular de El Hierro-Centro de la Cultura Popular Canaria, 1991.
[2] Elfidio Alonso Rodríguez será elegido diputado por las listas del PRT por Santa Cruz de Tenerife en las legislativas de 1933 y por las del Frente Popular de Izquierdas en 1936. Muerto en Tenerife en el verano de 1999, fue el último testigo de las Cortes republicanas de 1936.
[3] El Progeso, 11 de mayo de 1931.
[4] Ver Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes del día 3 de septiembre de 1931, pp. 746-750
[5] Para un acercamiento a la figura de Guerra del Río, véase la obra de Millares Cantero, Sergio, Rafael Guerra del Río. De "joven bárbaro" a Ministro de Obras Públicas, Las Palmas, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987, Colección Guagua.
[6] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, apéndice 1 al nº 33, septiembre de 1931.
[7] Véase Guimerá Peraza, Marcos: El Pleito Insular, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1987, p. 468.
[8] DSCC: 13 de julio de 1932, pág. 7014.
[9] DSCC: 19 de julio de 1932. Apéndice 3º al Nº 202.
[10] DSCC: 21 de julio de 1932, pág. 7239.
[11] DSCC: 26 de agosto de 1932, p 8228
[12] Hoy: 3 de septiembre de 1932.
[13] Tomás Cruz García es presidente de la Federación Patronal de Tenerife.
[14] Las memorias de Martínez Barrios están plagadas de referencias al constante apoyo prestado por Antonio Lara en todo momento. La evidente gratitud de Martínez Barrio hacia Lara se deja ver en el orden de cita que establece para los asuntos en que Lara está implicado: generalmente aparece el primero. Martínez Barrio, Diego: Memorias, Barcelona, Planeta, 1983.
[15] Schwartz Hernández ocupa la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife entre el 18 de marzo y el 18 de julio de 1936. Es fusilado por el ejército el 2 de octubre de 1936. Su cuerpo fue desaparecido.
[16] También muere en 1936 “mareado” por los fascistas, es decir, arrojado al mar en las costas de Martiánez, del Puerto de la Cruz, el 19 de julio de 1936.
[17] Ver Cabrera Acosta, M. A.: Las elecciones a Cortes durante la II República en las Canarias occidentales, Tenerife, 1990, pp. 89-101.
[18] Véase Cabrera Acosta, M.A. (coord.): La Guerra Civil en Canarias, Tenerife, Francisco Lemus Editor, 2000.
[19] Azaña Díaz, Manuel, Memorias políticas y de guerra. 1931-1939. Edit. Afrodisio Aguado, S.A., Madrid, 1981, p. 464.
[20] Alonso Rodríguez, E.: "Los Olvidados", El Día, 22 y 29 de noviembre de 1987.
[21] El autor confunde las fechas, lo que se explica por la avanzada edad en que fue escrito el artículo.
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