Economía / Izquierda Unida Canaria (IUC Canaria).- Sr. Presidente del Gobierno:
María Puig Barrios, en representación de Izquierda Unida Canaria, con dirección en la C/ Pérez del Toro, Nº 7, 35004 Las Palmas de Gran Canaria, teléfono 928248500, EXPONE:
Los datos sobre la situación económica antes de la actual crisis que nos han llegado a través de múltiples informes (Banco de España, Agencia Tributaria, BBVA, etc.) son los siguientes:
En España, desde 1999, los beneficios de las grandes empresas han aumentado más de un 70% y el salario medio de los/as trabajadores/as ha perdido un 4% de poder adquisitivo. Y esto sucedía cuando España crecía y se convertía en la 8ª potencia económica del mundo. En el año 2007, cuando ya se hablaba de recesión económica, la gran Banca aumentaba sus beneficios en España en un 19% con respecto al 2006, ganando 33.000 millones de euros limpios y netos.
Los beneficios empresariales en España están muy por encima de los países de la OCDE: la media en estos ha sido (1995-2005) del 33%, mientras los beneficios privados españoles han alcanzado el 73%. Los salarios salen muy perjudicados, siendo España el único país de la OCDE donde se da un retroceso notable y la precariedad triplica la media europea.
La fórmula ensayada en España se basa en un considerable aumento del empleo a cambio de que los salarios se deprecien en su conjunto. Aunque todo Occidente ha abrazado la moderación salarial, España constituye uno de los principales exponentes de esa tendencia. El sueldo medio real cayó un 0,7% en 2006, según los últimos datos de la OCDE, que aglutina a las 30 economías más desarrolladas. Así, tras una década en la que los salarios españoles perdieron terreno, según los estudios de la OCDE, vuelven a caer, hasta los 18.369 euros brutos anuales.
Las cifras sitúan a nuestra economía como la segunda donde más descienden los salarios reales (es decir, descontada la inflación), tras Portugal. Se trata de mantener alto el nivel salarial aun a costa de que no entren más trabajadores, o rebajarlo tanto como para crear un mercado laboral paralelo, mucho más precario que el inicial. Esto es lo que ha ocurrido en España durante los últimos años de bonanza. La creación de empleo se ha centrado en los sectores menos cualificados (construcción y servicios) y en la población inmigrante, más dispuesta a aceptar retribuciones inferiores.
Desde la crisis de los setenta, el neoliberalismo está intentado, con todos los medios a su alcance, que son muchos, que los/as trabajadores/as y sus sindicatos vayan perdiendo su capacidad de negociación. La dispersión salarial [distancia entre los salarios más altos y los más bajos] se produce desde entonces", reflexiona Antón Costas, catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Este experto explica que aunque los salarios más altos crezcan, esa subida no puede contrarrestar la ingente incorporación de trabajadores en la parte baja de la pirámide. En consecuencia, el sueldo medio cae. Costas cree imprescindible que intervenga la política, más allá del mercado, para homogeneizar retribuciones.
Los sindicatos, responsables de la negociación salarial en las empresas, defienden la ganancia de poder adquisitivo en los convenios colectivos, que cubren a siete millones de trabajadores. No siempre lo consiguen. El alza pactada el año pasado fue inferior a la inflación de diciembre, según los datos del Ministerio de Trabajo, al igual que ocurre en lo que va de 2008, con unos precios desbocados. "Es normal que haya caído el salario medio en 2006 porque el empleo se ha creado en los sectores productivos más bajos” indican fuentes sindicales. Para mejorar la media, proponen seguir elevando el salario mínimo y ligar más las retribuciones a los beneficios empresariales.
La OCDE obtiene sus datos dividiendo la masa salarial conjunta entre el número de trabajadores de España, teniendo en cuenta la jornada laboral. Aunque no es la más precisa, la ventaja de esta fórmula es que recoge las retribuciones de toda la economía, tanto las sujetas a convenio colectivo como las que no lo están, en grandes y pequeñas empresas.
Con ese parámetro, los 18.369 euros convierten a España en unos de los países con sueldos más bajos de la OCDE. Esa cifra está expresada en paridad de poder de compra, es decir, elimina el efecto de la brecha de precios entre países, por lo que es más representativa del poder adquisitivo. Tras el festín de estos años, el final de 2007 marca un cambio de tendencia en el empleo. Paradójicamente, la destrucción de puestos de trabajo puede incidir positivamente en el salario medio, pues desaparecen principalmente los puestos peor remunerados mientras el resto permanece o incluso crece. "Hay carencia de empleo cualificado. Ése sí ha tenido alzas retributivas por encima de la inflación en los últimos años", argumenta Rafael Barrilero, socio experto en retribución de la consultora Mercer.
Canarias -como Región Objetivo 1 de la Unión Europea- ha recibido, en los últimos años (1994-2006), varios miles de millones de euros en concepto de fondos estructurales, para conseguir el reforzamiento de la cohesión económica y social. Por otra parte, la Reserva de Inversión en Canarias (RIC), bonificación fiscal de hasta el 90% de la base imponible del Impuesto de Sociedades, cuyo objetivo declarado era facilitar la capitalización de las empresas canarias, acumula un montante de 12.300 millones de euros.
Sin embargo, según información del BBVA, apenas un millar de personas se reparten las grandes fortunas económicas de Canarias, una clara minoría en relación a los dos millones de habitantes de las islas. Fuentes de la Agencia Tributaria dieron a conocer que sólo existen 5 personas en Canarias que manejan más de 30 millones de euros, unas 123 que tienen entre 6 y 30 millones de euros y 958 que disponen de 1,5 a 6 millones de euros. Al parecer, el patrimonio medio de las grandes fortunas en Canarias es superior que la media nacional: mientras en Canarias esta media alcanza los 504.000 euros, en el conjunto del país es de 267.000 euros.
Esta desigualdad es aún más manifiesta si observamos la estructura económica de ingresos de la Comunidad Autónoma de Canarias. En la del ejercicio presupuestario del 2008, constatamos, primero, que los/as ciudadanos/as pagan 968 millones de euros de impuestos directos, de los que 889 millones son sobre la renta (IRPF que pagan los/as asalariados/as) y 79 millones son sobre la renta del capital, segundo, que los impuestos indirectos – los que pagan todos/as los/ciudadanos cuando compran – se elevan a 1.830 millones de euros. Es decir que del total de ingresos de la Comunidad Autónoma (7.163 millones de euros), casi 3.000 millones de euros lo pagan los/as ciudadanos/as de a pie, los trabajadores asalariados o autónomos y otros 4.000 millones de euros son transferencias corrientes o transferencias de capital del Estado y en menor medida, de los fondos estructurales europeos.
Por lo tanto, ha sido y es la mayoría de los/as ciudadanos de a pie, los trabajadores/as asalariados o autónomos los que mayores aportaciones económicas han hecho y hacen para sostener las instituciones públicas tanto estatales (vía IRPF, IVA y otros impuestos), autonómicas, como locales, en este último caso mediante el pago del Impuesto sobre la vivienda (IBI) y sobre el vehículo.
Ahora la situación está marcada por la crisis económica, fruto del liberalismo económico radical que impera en la era de la globalización capitalista:
El incremento del precio del petróleo es consecuencia de aplicar las teorías neoliberales que han abogado por tratar el mercado del petróleo “como si fuese zumo de naranja”, es decir sin ningún tipo de intervención pública”. Por lo tanto, quién fija el precio del crudo es el mercado que está en manos de stockistas, y fijan el valor en bolsa, desde el interés de la especulación y no desde el interés general.
Este incremento del precio del combustible es un factor que afecta a todos los sectores productivos y a los transportes que tanto repercuten en Canarias, por las especificidades de su territorio: lejanía del territorio continental del Estado y fragmentación de su territorio, doble insularidad, es decir, dependencia de todas las islas respecto del continente y de unas respecto a las otras. Las islas no capitalinas sufren esta doble insularidad que se caracteriza por una mayor carestía de la vida que se ve agravada con la actual pérdida de empleo.
Además, el modelo de crecimiento económico que en nuestro país y nuestra comunidad autónoma se ha sustentado en el sector de la construcción, en un modelo que era insostenible, un verdadero castillo de naipes que más tarde o más temprano tenía que caer, con sus consecuencias económicas, ecológicas y sociales. Nos encontramos ahora con miles de viviendas sin vender, miles de familias demandantes sin viviendas y miles de familias que no pueden pagar la hipoteca.
La ínfima inversión pública en vivienda durante los últimos 10 años y la máxima liberal de poner mucho suelo a disposición del mercado para construir muchas viviendas, dejando que el mercado por si mismo regulara el precio, sólo consiguieron sobredimensionar la producción de vivienda libre y con ello aumentar escandalosamente los precios.
Esta situación ha hecho imposible el acceso a una vivienda a las capas sociales con menos recursos, especialmente los trabajadores y los jóvenes que cuando intentan acceder a este bien social, tienen que soportar condiciones leoninas con hipotecas a 50 años, dedicando hasta el 60% de los ingresos al pago de la vivienda.
La situación de fin de la “burbuja inmobiliaria”, crisis del sector de la construcción, aumento del desempleo, miles de casas sin vender y miles de ciudadanos sin vivienda, hipotecas cada vez más difíciles de afrontar, necesita una respuesta de los poderes públicos.
Pero observamos que, a pesar de todo, los poderes públicos en España, incluido el Gobierno de Canarias, siguen apoyando la política de orientación neoliberal expresada desde el tratado de Maastricht, reafirmada en el proyecto abortado de Constitución Europea y retomada en el Tratado de Lisboa, a pesar de su rechazo, en referéndum, por parte de los/as ciudadanos/as franceses, holandeses y ahora irlandeses.
La propuesta de los Ministros de Trabajo de la Unión Europea de incremento de la jornada laboral máxima hasta 60 horas semanales, en casos generales, 65 o incluso 78 horas para ciertos colectivos, se inscribe en esta política neoliberal expresada en el Tratado de Lisboa y supone una gravísima agresión contra los trabajadores y trabajadoras. Más horas no significa más trabajo, ni más rendimiento, sino más fatiga, más estrés, mas accidentes. La retrógrada cláusula opt-out según la cual empresario y trabajador pueden firmar un acuerdo de incremento de la jornada laboral consagra, de hecho, la individualización de las relaciones laborales, cargándose el derecho constitucional a la negociación colectiva (art. 37 de la Constitución Española).
Por todo lo anteriormente expuesto, no se puede descargar, ahora, los costes de la crisis económica sobre los/as trabajadores/as, ni se puede seguir subvencionando a determinados sectores económicos para que sigan manteniendo el alto nivel de ganancias de los últimos 12 años, sufragando con dinero público unos beneficios que han doblado durante más de una década a la media de la OCDE, ni se puede conceder ayudas económicas a sectores empresariales, mediante determinados instrumentos, como el REF, si estas ayudas no están vinculadas al mantenimiento efectivo del empleo o a la creación de nuevos puestos de trabajo, ni se puede optar por “la liberalización de todos los mercados” (más desregulación que impide la intervención del Estado) y “la externalización de la gestión de algunos servicios públicos” (es decir más privatizaciones), tal como plantea el Presidente de la Patronal, Díaz Ferrán.
ANTE ESTA CRISIS, LOS PODERES PÚBLICOS DEBERÁN APOSTAR POR:
• Cuestionar el modelo neoliberal de construcción europea, recuperando la capacidad de regulación del mercado y fijación de los precios por parte de los Estados.
• Realizar las transformaciones estructurales necesarias para que el Estado tenga capacidad para planificar el desarrollo económico de forma social y ecológicamente sostenible, garantizando condiciones adecuadas de vida y trabajo para todo el mundo.
• Evitar medidas desfiscalizadoras que siempre beneficia a los sectores más favorecidos y que al reducir la capacidad recaudatoria del Estado menguan los fondos destinados a unos servicios públicos para todo el mundo, perjudicando principalmente a los sectores sociales económicamente más débiles.
• Utilizar los fondos públicos para reforzar el sector público de la economía. El Gobierno de Canarias podría fomentar una política industrial activa y limpia, así como actividades de investigación y desarrollo de nuevos productos y/o procedimientos industriales, que fomenten el uso de energías renovables, que racionalicen el uso del agua y materias primas, y minimicen residuos, mediante contratos de investigación con las Universidades canarias y Centros de Investigación oficiales que realicen sus actividades en Canarias y con programas de cinco años de potenciación del sistema ciencia-tecnología con la Administración central del Estado.
• Inversión pública en bienes y servicios socialmente útiles como la ampliación y mejora de las prestaciones sanitarias, educación, escuelas infantiles, Ley de Dependencia…, actividades todas ellas intensivas en factor trabajo.
• Favorecer la estabilidad laboral en las Administraciones Públicas, evitando la progresiva precarización del empleo público.
• Potenciar actividades productivas generadoras de empleo y respetuosas con el medio ambiente, a través de un sistema que incentivará la inversión, la innovación tecnológica (I+D tecnológico, energías renovables, agricultura biológica, reutilización y reciclaje), la creación de empleo estable, con salarios dignos, la cualificación de los/as trabajadores/as, prestando la necesaria atención a las PYMES y a la distintas formas de economía social, atendiendo a los costes de factores esenciales y estratégicos para la producción como el agua, la energía y el transporte. Creación de pequeñas empresas de alta tecnología.
• Potenciar los recursos naturales de Canarias, para equilibrar el excesivo peso específico del sector servicios en la estructura económica canaria y crear empleo para los jóvenes, para su emancipación social y económica, con empleo estable y salarios dignos. Impulsar de forma decidida el estudio y el uso de energías renovables, fundamentalmente eólica y solar, en todo el territorio canario como elemento abaratador del coste energético.
• Agua y energía: se elaborará y se pondrá en marcha un Plan de Optimización y Ahorro de consumos energéticos y de agua, en la industria, sector terciario y la agricultura. Para ello, se implantarán ecoauditorías y ecobalances en los procesos productivos. Energías solar térmica en los edificios de nueva construcción para la obtención de agua caliente y plan de financiación para la rehabilitación de edificios antiguos que contemple estas medidas. Como paso previo, todos los edificios de la Administración Pública y las infraestructuras hoteleras implantarán la medida en un plazo razonable (2 ó 3 años).
• Apoyo a las pymes, empresas de economía social, artesanos: Se establecerán incentivos de apoyo a las pymes, artesanos y empresas relacionadas con la economía social (trabajo asociado, cooperativas, sociedades anónimas laborales), sean de orden fiscal, financiero o de otra naturaleza, y que tengan como objetivo la creación de empleo.
• Solucionar el problema de endeudamiento familiar por la vivienda: Reforzar el impuesto de patrimonio y tomar medidas contra el fraude fiscal dotando así un Fondo de Rescate Hipotecario para amortizar una parte importante de las cantidades adeudadas por las familias de menor renta. Ofrecer a los promotores la reclasificación y adquisición de las viviendas ubicadas en las zonas de demanda como Vivienda de Protección Oficial de Precio General para cubrir la demanda existente. Promover un Plan de viviendas de promoción pública que responda a la realidad social de los distintos municipios, con créditos a 8 años, sin intereses, a los ayuntamientos y empresas públicas para la adquisición y promoción de suelo. Revisar a la baja los precios de alquiler de las viviendas públicas donde viven las familias más afectadas por la crisis económica, debido a su falta de recursos económicos y sociales. Promover un plan de rehabilitación para movilizar las viviendas vacías. Mantenimiento del empleo, directo o indirecto, redimensionando el sector y reorientándolo a nuevas actividades.
• Implantación de las 35 horas, sin disminución salarial: No volver a la Europa del siglo XIX. Innovar, implantando la jornada de las 35 horas que permita que la llamada “revolución tecnológica” no sólo beneficie a las rentas del capital, sino también a las rentas del trabajo, permitiendo la conciliación de la vida laboral y familiar y el disfrute de tiempos de descanso y de ocio.
Se trata, por lo tanto, Sr. Presidente, de REPENSAR CANARIAS, situándola en el siglo XXI, promoviendo un nuevo modelo económico, social y ecológicamente sostenible, priorizando el pleno desarrollo de la personalidad humana, garantizando condiciones adecuadas de vida y trabajo para todo el mundo, y no sólo para una élite privilegiada.
Canarias, a 7 de julio de 2008.
SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CANARIAS.
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