Inmigración / Contra la Directiva de la vergüenza.- (Agencias) Unas 3.000 personas según los organizadores y poco más de un millar según la Policía se manifestaron hoy en París contra el proyecto de directiva de retorno que armoniza en la Unión Europea (UE) los criterios de retención y expulsión de inmigrantes ilegales, bautizada como la 'directiva de la vergüenza'.
Los manifestantes, entre los que había 'sin papeles', recorrieron alrededor de un kilómetro y medio en el centro de París, no lejos del Ministerio de Inmigración, detrás de una pancarta que rezaba: 'Contra la directiva europea sobre inmigración, por una Europa solidaria'.
La protesta, que se desarrolló sin incidentes, había sido convocada por varias organizaciones y partidos, entre ellas los Verdes, la Liga de los Derechos Humanos y la Red de Educación Sin Fronteras, muy activa en la lucha contra la expulsión de familiares con niños escolarizados en Francia.
La directiva establece para los inmigrantes ilegales un periodo de salida voluntaria de siete a treinta días y un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales para los indocumentados que no cooperan o cuando hay problemas para obtener la documentación de países terceros.
A los expulsados también se les puede prohibir durante cinco años la entrada a territorio europeo.
El texto obliga a los países miembros a brindar asistencia legal gratuita a los inmigrantes ilegales de países terceros.
Con el proyecto, la UE intenta lograr una equiparación de mínimos sobre las normas de retención y retorno de los sin papeles, ya que actualmente hay muchas diferencias entre los veintisiete miembros de la Unión.
Nueve países -Reino Unido, Suecia, Grecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda, Malta y Holanda- no tienen ningún período máximo de retención de los indocumentados, por lo que pueden estar internados de forma indefinida.
En otros casos, como el de Francia, la detención máxima es en la actualidad de 32 días.
Los extranjeros ven en este proyecto un intento de convertir a Europa en una fortaleza y de criminalizar la inmigración.
El texto de la directiva fue aprobado el pasado 5 de junio por los ministros del Interior europeos, pero para poder entrar en vigor como está previsto en 2010 aún necesita el respaldo del Parlamento Europeo, que se pronunciará el 18 de junio.
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