Canarias Insurgente: La acusación popular pone en conocimiento del juzgado la supuesta contratación irregular de 42 personas por decreto del ex alcalde socialista.

Escándalo en Icod / El Digital de Canarias.- El anterior grupo de gobierno pudo haber eludido el control del gobierno canario. Existe un decreto del Alcalde de Icod de los Vinos, don Juan José Dorta Álvarez, de fecha 17 de junio de 2005, por el cual declaró indefinidos, de oficio, 42 contratos laborales sin sujeción al procedimiento legal y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de junio de 2005 por el que se le propuso al alcalde que adopte dicha resolución. Este decreto confirma que lo ya denunciado acerca de la forma de proveer de forma permanente los puestos de empleados del Ayuntamiento de Icod, a dedo, sin sujeción al procedimiento legal, no era un caso excepcional, sino la práctica habitual del ex alcalde con la intencionalidad de crear un Ayuntamiento a su servicio, no destinado al servicio público. Aunque se dice que se trata de una contratación provisional hasta que las plazas se provean por el procedimiento legal, la realidad es que esta declaración no es cierta, sino que se trata de una declaración formal destinada a dar mayor apariencia de legalidad a lo que era pura y simplemente nombramientos a dedo para empleos públicos.

Prueba de ello es que los procedimientos para la provisión definitiva de las plazas mediante el procedimiento legal nunca se realizaron. De hecho ni siquiera existe expediente iniciado con esa finalidad a pesar de que el decreto se dictó dos años antes de que dejara de ser alcalde.

Por otra parte, este decreto se dictó para eludir los controles de la Comunidad Autónoma de Canarias, (controles tan nombrados a lo largo de esta instrucción) y de los requerimientos efectuados por la misma (Resolución nº 424 de 7 de marzo de 2005, de la dirección General de Administración Territorial y Gobernación, entre otras) sobre diversos decretos anteriores de contrataciones de personal irregulares por no haberse sujetado al procedimiento legal, cuya anulación se exigía. Ante este requerimiento el ex alcalde decidió no anular los contratos como le exigía la Comunidad Autónoma, sino declararlos indefinidos...

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