Hierro, cemento y suelo / Canarias Insurgente.- En Icod de los Vinos, paraíso de hierro y cemento, se deben realizar investigaciones y ejercitar las correspondientes acciones legales ante el incumplimiento de los planteamientos urbanísticos que durante años se han venido produciendo en nuestro municipio. Y se debe hacer en los juzgados no sólo investigando a particulares y empresas sino, además y sobre todo, a la adiministración pública local. Lo último sobre este tipo de irregularidades urbanísticas lo podemos encontrar en la noticia publicada el pasado 23 de mayo en la publicación digital La Voz de Icod de los Vinos.
Noticia que encabeza como 'Icodemsa construye unas viviendas sociales con una irregular licencia de obras investigada por el Juzgado en el caso contra el anterior gobierno municipal' en la que podemos leer, entre otras cosas:
"La aprobación de esta licencia se decretó en 2006, a pesar de distintos informes técnicos previos desfavorables porque se proyectaron asentar sobre suelo destinado a equipamiento docente y con afección de un vial, según las NNSS todavía vigentes".
Más adelante:
"La concesión de licencia de obras de las viviendas de protección oficial que construye la empresa municipal Icodemsa desde julio de 2007 en Santa Bárbara, forma parte del proceso judicial abierto contra el anterior grupo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Icod, tras la conocida denuncia de la Fiscalía provincial el pasado verano por dos presuntos delitos continuados de prevaricación".
"Otorgada esta licencia en noviembre de 2006 por la junta local entonces gobernada por Juan José Dorta, la aprobación de la misma se decretó a pesar de sendos informes previos desfavorables del arquitecto de la Oficina Técnica Municipal y de la Secretaría General del Ayuntamiento. Del contenido de estos informes, según ha tenido acceso LA VOZ DE ICOD DE LOS VINOS, se desvela que las 58 viviendas sociales mencionadas se proyectaron asentar sobre suelo destinado a equipamiento docente y con afección de un vial, según la normativa vigente de planeamiento urbanístico en la ciudad, las Normas Subsidiarias (NNSS) de 1987..."
Aprovechando el totus revolutum producido por la eterna tramitación del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Icod de los Vinos, el caos urbanístico se ha convertido en algo habitual y en la gallina de los huevos de oro para algunos listillos.
La sociedad icodense reclama luz y taquígrafos, y que se ponga fin de una vez por todas con determinados intereses especulativos de determinados grupos de poder (empresariales, políticos...) y la única forma de poner fin a este tipo de actuaciones de rapiña es procediendo a investigar todas y cada una de las denuncias presentadas. Esta es una necesidad que ni puede ser ignorada ni menospreciada por los encargados de velar por el cumplimiento de las normativas que regulan la planificación urbanística de los municipios.
Estamos cansados de despertarnos cada día con un nuevo escándalo, cansados de que los políticos icodenses estén más preocupados por si son citados por los juzgados que por solucionar los graves problemas sociales que aquejan al municipio. Estamos cansados de la pasividad de los ciudadanos, estamos hartos de que nos esquilmen, hartos de que Icod siga sumida en la inercia de años y años de pasividad y abandono, hartos de que aunque cambien las siglas de los partidos gobernantes todo siga igual...
En Canarias el urbanismo se hace sin control, de forma opaca, que a menudo propicia la corrupción política donde "prevalecen los intereses de los agentes urbanizadores" frente al bien común, no olvidemos que el cáncer de la corrupción se origina, como una combinación de oportunidad e inclinación ante una transacción con las administraciones. Puede iniciarse por cualquiera de los dos lados de la transacción: un soborno se le ofrece al político o funcionario; o el político o funcionario requiere y demanda un pago ilícito por hacerles favores que benefician a ese proveedor, contratista... Cuando proviene del contratista privado que negocia con la administración, estos sobornos se ofrecen porque esa parte quiere algo que no debe tener, y soborna al funcionario o político para que viole las normas o la ley, o porque piensa que se le hace más fácil obtener mayores beneficios del erario mediante el soborno al funcionario o político en cuestión.
Pero también es evidente que existe un sustrato cultural muy arraigado en la sociedad canaria que favorece esta situación: la persistencia de una cultura política del pelotazo, el amiguismo, el enchufismo, los favores..., que considera "natural" el abuso del poder y la apropiación privada de los recursos públicos por los gobernantes. Esta conducta no está mal vista por amplios segmentos de la población acostumbrados durante decenios a sufrir la opresión y represión del caciquismo local.
Comentarios