José Antonio Linares Moleiro* / Artículos de opinión.- El comercio en Canarias ha sido una parte fundamental en la economía del archipiélago, pero de aquel esplendor sólo queda el recuerdo y la añoranza. A los efectos de la competencia, aparece unos factores que han ido mermando este sector como la aparición de grandes señas comerciales y las llamadas grandes superficies, que acaparan la gran parte del consumo, dejando poco espació para el comercio familiar.
Los cambios sociales no han sido ajenos a este sector: nuevos productos, la exigencia de otros servicios, la variación del nivel de riqueza (incremento o disminución, dependiendo de donde obtengamos el dato), la exigencia de horarios y, otros factores. Todos ellos en un corto espacio de tiempo, que han determinado que muchos de los comercios no les haya dado tiempo o, quizás no hayan querido adaptarse a las nuevas exigencia del mercado, pero quizás el golpe más duro de soportar haya sido la globalización, que viéndose como un fenómeno lejos, ha hecho estragos en la forma tradicional de ejercer el comercio en Canarias.
No es ajeno a ningún comerciante las dificultades que tiene para conseguir financiación para emprender la actividad comercial o, para modernizar sus instalaciones, que determina el endeudamiento familiar, que en muchísimos caso les condena a soportar restricciones en su vida cotidiana e, incluso a la pérdida de su patrimonio. A lo que debemos unir la escasa formación que adquiere el colectivo empresarial, quedando en poco tiempo obsoletos, tanto en su forma de comercializar como en sus dependencias, que unido al cambio rápido de los cánones de moda o tendencia, les hace que sus productos se queden en stock sin poder darles la salida que necesitan.
El incremento del consumismo ha hecho que las personas adquieran nuevos productos, algunos de ellos superfluos, el incremento de las hipotecas, la precariedad laboral, la subida del precio de la cesta de la compra, están creando un nivel de endeudamiento familiar difícilmente superable, que ante la oferta de los grandes establecimientos hace que poco sea destinado a los comercios tradicionales ante la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones, lo que determina que vayan desapareciendo de nuestras calles, concentrándose la gran parte del consumo en los centros comerciales, siempre ante el atractivo denominado “locomotora comercial” de una gran marca empresarial.
A la disminución del poder de compra de la familia, se une la disminución del tiempo que se dispone a estas tareas, como consecuencia de la forma de vida de nuestro tiempo, cada vez más exigente en dedicación laboral y otras tareas, lo que hace más atractivo y viable el acudir a los centros comerciales y grandes superficies, que disponen de una mejor accesibilidad, contra las dificultades que ofrece el núcleo urbano, por la aglomeración de vehículos e incremento del tráfico rodado. Dificultad que sé esta incrementando por el cierre de establecimientos que hacen que disminuya la variedad de productos y servicios que busca ó necesita el consumidor.
Si algo no puede empeorar, tiende a empeorar y, para el 2010 se tiene previsto la entrad en vigor de la directiva europea Bolkestein, que va a determinar la liberalización total del mercado, que aunque algunos ya dicen que el mercado esta liberado, esta directiva viene a derogar las normas legislativas de los países miembros y por extensión de las comunidades autónomas y, ante la ley de equipamiento comercial de Canarias que limita a unos “cupos” la implantación de grandes superficies, esta normativa deja el camino libre a todas esta multinacionales para su implantación, e incluso variando la forma de comercializar los productos y servicios, generando un cambio brusco que determinará que el poco espacio que aún conserva el comercio tradicional, se vea seriamente perjudicado, abocándolo a su desaparición total, o conservando espacios residuales, más por romanticismo que por rentabilidad.
La desaparición del comercio tradicional conlleva un caos social de incalculables consecuencias. Los puestos de trabajo que deja este sector es imposible que sean absorbidos por este nuevo modelo de comercio, ya que las nuevas fórmulas de comercialización están diseñadas para acaparar poca mano de obra, que por las prácticas experimentadas de estas señas comerciales son puestos de trabajo de baja cualificación y precariedad en la contratación.
Esta situación social, de carencia de puestos de trabajo, será utilizada por el sector interesado y, argumentar la necesidad de crear infraestructuras innecesarias, impactantes y, técnicamente desaconsejable como el puerto de Granadilla.
La desaparición de los establecimientos de las calles de los pueblos y ciudades, dejarían sin vida a los núcleos urbanos, se incrementa la sensación de inseguridad y, poco favor se le haría a la teoría de la distribución de la riqueza, la cual estaría concentrada en un oligopolio.
Ante este panorama se precisa un acuerdo entre todas las partes en analizar la situación y actuar, debiendo conocer si la demanda actual es correspondida con la oferta existente y, si esta debidamente localizada o por el contrario, concentrada. Hay que realizar una distribución equitativa del espacio comercial según necesidades, situando los comercios necesarios allí donde la demanda exista y, nunca como competencia a la existente, sino adecuando la existente a las necesidades actuales del consumidor y, por supuesto un rechazo frontal y total a la entrada en vigor de la directiva Bolkestein, que aún estamos a tiempo, aunque mañana puede ser tarde.
* Toño Linares
Presidente de Tagoror Achinech
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