Escándalo en Icod / El Digital de Canarias.- Las declaraciones de ambos eluden los detalles y cargan contra los funcionarios. El procedimiento judicial contra el anterior grupo de gobierno icodense sigue su marcha y la combinación magistrado y fiscal funciona a la perfección, tanto que ni siquiera ha hecho falta decretar secreto de sumario, por cuanto todo sale sin problema alguno y quitando ese lamentable episodio obstruccionista del alcalde y sus concejales con los expedientes, nunca aclarado de manera satisfactoria, la instrucción corre rauda y veloz hacia sus conclusiones. Ya han pasado los ex concejales y testigos por este juzgado número dos, pero la presencia de la acusación particular y determinada documentación motivó una segunda ronda de declaraciones de ex concejales socialistas, que tras la suspensión inicial han comenzado su periplo judicial.
Tras el relevador testimonio de la ex concejal socialista Ana María Pérez, del que ya daremos cuenta en otros episodios, le siguieron las más que esperadas de Bernardo Martín Socas, hombre clave del cheísmo y portador de todos los secretos de este régimen político, tanto los buenos como los malos y al que ahora Francis Rivero quiere acorralar en los juzgados con una auditoría de Icodemsa para luego querellarse y la del ex concejal de Hacienda, Ramón Socas, ex secretario personal de Juan José Dorta y hombre fuerte en la anterior legislatura, que lo firmaba todo, ya que de él dependían los gastos y cuyo tío, además, junto al propio Bernardo eran los que controlaban el partido a nivel orgánico y que ahora mismo juega a todos los bandos, excepto los críticos para hacerse de nuevo con las riendas, tras el desinflamiento de la opción del clan Zarza, duramente espoleada con el resultado de las generales.
Sobre Bernardo y Ramón, comparten algo más que el apellido, pendían estas palabras del ex alcalde: “iba a cooperar en todo este procedimiento para demostrar su inocencia y que no tenía nada que ocultar”, cuando estaban frente a la jueza y a la fiscal. Y como si no las conocieran, los dos, como si obedecieran consignas, se negaron a responder a la batería de preguntas de la acusación particular, entrando solamente a saco, porque no les queda otra, con las de la fiscal y la magistrada, si intercedía en el interrogatorio. Este silencio, al que ayuda la desordenada, incompleta y caótica documentación municipal mandada al juzgado, que ha significado un alegría para las defensas jurídicas de los imputados, a los que por ahora el pacto CC-PP no les ha supuesto mayor peligro...
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