Ecología y Medio ambiente / Colectivo ecologista Tabona.- En relación con las declaraciones del alcalde de Güímar, Rafael Yanes, referentes al auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ordena la suspensión cautelar del plan parcial del Puertito, el colectivo Tabona considera del todo desatinado que el Ayuntamiento recurra un pronunciamiento que beneficia al pueblo.
Tabona quiere dejar constancia de que si bien el plan parcial fue aprobado por la COTMAC en 1992, éste no obtiene su licencia hasta marzo de 2005, es decir cuatro años después de haber sido admitida a trámite la Ley de Iniciativa Popular, en el año 2001, que fue apoyada por más de 23.000 firmas.
Queremos recordar que la admisión a trámite de la ILP llevaba parejo la paralización de toda actuación urbanística que pudiese afectar a la ampliación del espacio natural del Malpaís, incluida la planificación, que deberá adecuarse a los fines de conservación, tal y como se indica en la Disposición adicional y Disposiciones transitorias primera y segunda de la ley de ampliación de esta reserva, que fue definitivamente aprobada en el 2007.
Por tanto, el consistorio debería haber esperado al pronunciamiento del Gobierno de Canarias respecto a la parcela afectada, antes de tomar ninguna decisión sobre ella. Una papa caliente que le ha caído a D. Rafael y a su equipo.
Respecto a las más de 200 personas que, según el Sr. Yanes, han comprado en la zona queremos también recordar que las cantidades que hayan podido anticipar, así como los intereses legales desde su abono, deben estar aseguradas de acuerdo a la Ley 57/1968, de 27 de julio, y en todo caso la pérdida de tiempo, que nunca de capital e intereses, es atribuible a la deficiente e irresponsable planificación municipal y no al auto o a la denuncia.
En nuestra opinión quien gana es el pueblo de Güímar, pues de seguir adelante con el plan, se perderían los equipamientos deportivos y educativos, dado que no podrían realizarse sobre suelo natural protegido.
Se beneficia el pueblo de Tenerife, que ve a salvo parte de su patrimonio natural y tiene con todo mayores garantías para su disfrute y conservación.
El Ayuntamiento tiene, por tanto, la oportunidad de reestructurar el plan parcial para reubicar el equipamiento municipal y además dejar categóricamente fuera del plan los edificios antiguos que en principio se incluyeron en el proyecto de compensación. En definitiva, tienen ahora una buena ocasión para defender los intereses del pueblo por encima de los de las inmobiliarias y constructoras. ¿Acaso no es más racional rehacer el plan que recurrir el auto de la justicia? ¿Acaso no hay zonas de cesión obligatoria para uso público en la urbanización Las Palmeras y en los edificios que construyen detrás donde se puedan ubicar esos equipamientos de uso deportivo, social y educativo?
El colectivo ecologista Tabona cree que ya es tiempo de que el Ayuntamiento de Güímar se tome la responsabilidad que le corresponde con un ecosistema de tan alto valor ecológico y cultural como el Malpaís y abandone la idea de urbanizarlo.
Colectivo Ecologista Tabona
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