Manuel Marrero Morales * / Artículos de opinión.- El pasado 30 de enero, día escolar de la paz y la no violencia, el profesorado canario dio una vez más un ejemplo de civismo y buen hacer: con una altísima participación, un 80 por ciento dijo no, de forma inequívoca y rotunda, a un preacuerdo que habían firmado con la Consejería de Educación tres organizaciones sindicales con representación entre el profesorado y al que se habían sumado otras tres siglas sin representación en la enseñanza.
A lo largo de casi treinta años de sindicalismo en la enseñanza la situación se ha repetido en innumerables ocasiones, con la diferencia que sólo ahora, con el debate y posterior referéndum, ha quedado en evidencia el sindicalismo que respeta las decisiones del profesorado y es coherente en sus planteamientos, aunque eso le haya costado muchas veces estar condenado por los poderes públicos al ostracismo, y el sindicalismo profesionalizado, posibilista y conseguidor, que una y otra vez firma todo lo que la Administración le presenta y a cambio, entre otros beneficios, tiene todos los despachos abiertos para realizar gestiones y presentarse ante los trabajadores como unos eficaces gestores y solucionadotes de sus problemas.
El Comité de Huelga, compuesto por STEC-IC, EA-C, UCPL y UGT, no sólo se opuso a dicho preacuerdo desde sus inicios, sino que mantuvo las convocatorias de movilizaciones previstas. Ahora se trabaja de nuevo por recomponer la maltrecha unidad de los representantes de los trabajadores, que nunca debiera haberse roto.
La Consejera de Educación no ha sabido estar a la altura de las circunstancias y, dando muestras de bisoñez política y de un sentido patrimonialista de lo público que le ha correspondido gestionar, nos habló de su tristeza, haciéndola coincidente la de la Escuela Pública. La Sra. Brito ha perdido una oportunidad de hacerse autocrítica, enmendar el error y lanzar un mensaje de esperanza a la sociedad canaria que reclama la pronta solución de este conflicto. Antes al contrario, se ha atrincherado en su posición inicial, como si nada hubiera pasado, y a la desesperada ha lanzado invectivas y amenazas a los centros educativos que no obedezcan sus órdenes. Ha intentado buscar un aliado en las directivas de las APAs y ha conseguido unos tímidos apoyos. Ya nos gustaría al profesorado que esas mismas directivas, con las que codo a codo trabajamos cada día, y cuyos representados en cada uno de los centros sí que nos apoyan, le plantearan la exigencia de solución del conflicto y las responsabilidades correspondientes a la Sra. Consejera y al Sr. Presidente del Gobierno.
Por su parte, don Paulino Rivero, que no recibe al Comité de Huelga y sigue sin asumir la deuda en concepto de homologación para poner solución definitiva al conflicto, sin embargo sí recibe a la patronal de la enseñanza privada a la que le hace un guiño público para mejorar su situación en el mercado. Una vez más quedan en evidencia las políticas de deterioro de lo público y desvío de ingentes cantidades de fondos públicos para potenciar los negocios privados, tanto en educación como en sanidad y otros sectores esenciales de nuestra sociedad. Por eso, el jueves 21 de febrero, por la tarde, la población canaria está invitada a salir a la calle en las distintas islas para reclamar la mejora de los servicios públicos, de manera especial, la sanidad y la educación.
Ya el profesorado y los sindicatos que lo representan, no están solos defendiendo la Homologación sin contrapartidas y exigiendo su inmediata negociación y correspondiente pago, sino que se han sumado voces tan autorizadas como la de D. Juan Manuel García Ramos, Consejero de Educación cuando se produjo el anterior reconocimiento de homologación a principios de los 90 bajo la Presidencia de Olarte, que adoptó tal decisión, o las recientes declaraciones de D. Orlando Curbelo, Presidente del Consejo Escolar de Canarias, entre otros, evidenciando que son profundos conocedores del problema y de la solución y así se lo han hecho saber al Gobierno.
El profesorado a través del referéndum, sigue reclamando la homologación sin contrapartidas con los funcionarios canarios de igual categoría y titulación: el reconocimiento total de la diferencia retributiva y su pago, negociando en exclusiva los plazos. Y, una vez zanjado este asunto, está dispuesto a la desconvocatoria de las movilizaciones, y a sentarse a dialogar sobre el resto de asuntos que tienen que ver con la mejora de la calidad del servicio público de la educación. Y, a buen seguro, que ahí tendremos mucho que decir, junto con los padres y madres, el alumnado, las corporaciones locales, insulares y autonómicas.
El Comité de Huelga está a la altura de las circunstancias. Esperamos que el Gobierno Canario se despreocupe por unas horas de las elecciones del 9 de marzo y se ocupe de dar una solución rápida y satisfactoria a este conflicto, que nunca debió haberse producido. Seguimos, atentos, a la espera. Eso sí, movilizados.
(*) Miembro del Secretariado del STEC-IC, Junta de Personal Docente y Comité de Huelga
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