José Luis Hernández Martín * / Artículos de opinión.- Debo decírselo clarito, como funcionario público con más de 35 años de servicios prestados en distintas islas, destinos y responsabilidades, desde la enseñanza infantil hasta bachillerato y también como delegado sindical por el STEC-IC, desde 1987, reelegido en todas las legislaturas por mis compañeros/as de La Palma:
Todavía están a tiempo de corregir los graves errores cometidos por la Sra. Consejera en el tratamiento de este conflicto, como así lo han demandado los claustros de profesores de toda Canarias. Incluso importantes cargos públicos de Coalición Canaria, lo han hecho públicamente, pero nos consta que en las “altas esferas”, ni se pide opinión ni se escucha, porque han decidido negar la mayor, rechazando hablar de Homologación, cuestión ya aceptada por el Consejero de Hacienda el Sr. Soria antes de las últimas elecciones autonómicas, claro… y hasta por el Sr. López Aguilar.
Deben aceptar la realidad histórica, que dice que el profesorado, (incluyendo interinos y sustitutos), consiguió, después de una larga lucha, homologarse con el resto del funcionariado de las islas, mediante Ley del Parlamento de Canarias y posterior Acuerdo firmado en 1991 por el entonces presidente del Gobierno Sr. Olarte. Saben que desde 1995 las cantidades a percibir por este concepto no siguieron en igual proporción por sucesivos gobiernos (de mayoría nacionalista) y que tienen obligación de pagar la deuda. Deuda que Uds. han tenido que reconocer de facto, gracias a la movilización y la lucha de miles de docentes canarios en 4 jornadas de huelga y manifestaciones en todas las islas, poniendo sobre la mesa un Preacuerdo tramposo, firmado con el insuficiente aval de tres sindicatos acólitos y apesebrados, sin embargo, la mayoría sindical, la que ha estado organizando la resistencia del profesorado desde hace años no se ha tragado el anzuelo.
Pero Uds. pretenden saldar esa deuda de forma tramposa: Dicho Preacuerdo trata de cambiar el sistema retributivo actual por otro, en base a complementos por sexenios, profundamente injusto, insolidario y regresivo, que no tiene nada que ver con el objeto de la demanda, ni con la mejora de la educación pública. Sus objetivos son dividir y atomizar aún más al profesorado, para que no pueda reaccionar, y poder cambiar el trabajo cooperativo por la competición y la meritocracia, echando sobre sus espaldas toda la responsabilidad de los bajos resultados del sistema educativo público que necesita mejorar. Así podrán Uds. seguir lavándose las manos y continuar con sus planes de recortar las inversiones, hasta el 4% del PIB, como pretende el apartado 1 del Preacuerdo.
Les advierto: no nos lo darán con queso… No valen las maniobras ramplonas y antidemocráticas, como la tristemente célebre carta de la Sra. Consejera, publicada con fondos públicos, en los diarios de mayor tirada de Canarias, intentando confundir a los padres y la opinión pública y difamar al profesorado que, dignamente, con mucho esfuerzo y falta de recursos (porque Uds. los desvían a los negocios de la privada), pero con mucha profesionalidad, trabaja por mejorar la calidad el servicio educativo. Por ese camino no se llega a la paz escolar. Por el contrario, han provocado que la mayoría sindical (STEC-IC, UGT, EA-CANARIAS y UCPL) convoque una semana de huelga en Febrero, en el caso de que la Sra. Consejera y sus apoyos pierdan el Referéndum, como es más que previsible. Sobra decir que, de aprobarse, lo aceptaremos.
El Preacuerdo es cosa mala, desde la A a la Z (aunque aquí no tenga espacio suficiente para comentarlo). No solamente porque se trata de una propuesta de rebajas de una Administración que ha mentido y de la que tenemos escasa confianza, sino que es tramposa como les decía:
Porque si el profesorado lo llegase a aprobar en el Referendum, le perdonaría de facto la deuda de Homologación contraída por la Consejería desde 1995, objeto de la demanda (así lo ha reconocido un sindicato firmón), a cambio de empeorar sus condiciones laborales toda su vida por dos migajas. Tal es así, que otro sindicato firmón, para maquillar el Preacuerdo y tratar de ocultar que 10.000 docentes quedarán bastantes años fuera del Acuerdo, sin cobrar la deuda (los que no tienen apenas años de servicios y los de más de 50 años de edad), tienen que venderlo como un avance que se conseguirá al final de “toda la vida laboral”. Un acuerdo, dicen, para el futuro, (imperfecto decimos nosotros porque hace las cuentas para el 2040), no para los 25.000 profesores actuales, que nos hemos movilizado reclamando el pago de la deuda de Homologación. Homologación que todos veníamos cobrando (aunque congelada), incluyendo al profesorado interino y sustituto desde el primer día que se incorpore a su puesto de trabajo. Es lo justo y lo que siempre han defendido los sindicatos de clase: a igual jornada y condiciones laborales, debe retribuirse con el mismo salario, sin más artificios de sexeniles. Otra cosa es la formación permanente y las horas extras que pretenda la empresa en el Preacuerdo, que se deben negociar en otro marco.
Rectificar es de sabios, deben hacerlo prontito, porque cuanto más tarde más arde.
Considero que la mejor forma, la más natural, inteligente y humana, es que la Sra. Consejera acuda personalmente, por fin, como es su deber, a la Mesa de Negociación con todos los sindicatos, dé la cara, reconozca públicamente la deuda de Homologación y negocie los plazos razonables para pagarla, como es la obligación de una buena consejera y de todo buen gobierno.
Finalmente, no permitan que se celebre el Referéndum marginando y dejando fuera de su organización y control (como pretende la minoría sindical de servicio) a la mayoría sindical que, legítimamente, no lo ha firmado, por considerarlo lesivo para los docentes y porque nada tiene que ver con la primigenia demanda de Homologación, objeto del conflicto. En ese caso dicha consulta quedaría viciada, sin credibilidad democrática. No se olviden que el Gobierno es el primer responsable de su convocatoria y sus resultados. Y si después de lo dicho por este servidor público, aún siguen empecinados en negar la evidencia, hurtando el derecho del profesorado a elegir en el Referendum la opción de votar sí a la Homologación que se demanda y finalmente plantean la tramposa pregunta de Sí o No al Preacuerdo, sepan que si el resultado fuese negativo para la Consejería y sus amigos, el Gobierno estará obligado a sentarse de inmediato a negociar con todos los sindicatos los plazos para pagar la Deuda de Homologación. Sepan también, por la misma razón, que no nos dan miedo sus amenazas de campaña a favor del Sí, trasladadas por sus sindicatos de servicio, de retirar los 80 millones presupuestados si pierden, tratando de torcer la voluntad del profesorado en el Referéndum; no les quedará más remedio que sentarse a negociar.
En Canarias, y con la que nos “está cayendo”, no podemos permitirnos el lujo de marginar a nadie que quiera echar una mano, porque entre otros retos históricos, tenemos pendiente la tarea imprescindible de sellar un gran Acuerdo entre la Consejería, AMPAs y todos los sindicatos de la enseñanza, que actualice los objetivos de los próximos años para la adecuación y la calidad del sistema y mejore también las condiciones laborales de su profesorado…El Sr. Presidente del Gobierno, también fue docente, sabe entenderlo y le corresponde corregir el rumbo, como espero y deseo sinceramente, recuperando así la confianza del profesorado, por el bien de todos los canarios/as.
La Palma, 4 de Enero de 2008
* José Luis Hernández Martín es miembro del Secretariado Insular del STEC-IC
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