Escándalo en Icod / El Digital de Canarias.- La Fiscalía amplia la denuncia inicial presentada en octubre de 2006. Conforman los hechos más de veinte expedientes abiertos en el ayuntamiento icodense para la aprobación de proyectos de obras y contratación de empresas que, tras su investigación y como ya es suficientemente conocido, la Fiscalía denunció ante el Juzgado por un presunto delito continuado de prevaricación, según informó la revista digital La Voz de Icod de Los Vinos.
A través de un sistema de contratación que no se ajusta a las normas legales, más de 700 mil euros, cerca de 120 millones de las antiguas pesetas, fueron abonados por el anterior gobierno municipal socialista de Icod de los Vinos a un total de seis empresas por obras y servicios. Ocurridos los hechos entre el otoño de 2005 y la primavera de este año 2007, éstos lo conforman más de veinte expedientes abiertos en el ayuntamiento icodense para la aprobación de proyectos de obras y contratación de empresas que, tras su investigación y como ya es suficientemente conocido, la Fiscalía denunció ante el Juzgado por un presunto delito continuado de prevaricación contra los miembros de la Junta de Gobierno, que presidía el entonces alcalde Juan José Dorta.
A la irregular compra de un camión Mercedes Benz de segunda mano por 54 mil euros a la empresa Carsan Canarias, se une en las diligencias del procedimiento judicial 736/2007 la investigación de estos más de 700 mil euros abonados en menos de un año y medio, por implicar una vulneración de la legislación referente a la Ley de Contratación de la Administración Pública, al omitirse las normas que regulan este tipo de procedimientos a través de un sistemático fraccionamiento de contratos.
En todos los casos los expedientes fueron informados desfavorablemente por la intervención de fondos del Ayuntamiento en sus dictámenes de fiscalización. Aún así, los pagos se llevaron a cabo tras debate y votación unánime favorable de los miembros de la Junta de Gobierno, produciéndose siempre a continuación decreto del alcalde por el que se aprobaba la factura que correspondiera y se le abonaba la misma a la empresa de turno en cada caso. Las seis entidades mercantiles que cobraron de las arcas públicas municipales a través de este sistema de contratación no ajustado a normas legales que ahora se investiga, fueron Construcciones Cirilo Icod, Construcciones Fabilur, Expo Icod, Sonimar, Astepa de Asfalto e Invamayer...
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