Manuel Marrero Morales * / Artículos de opinión.- La Consejera de Educación, Dª Milagros, salió este viernes de rebajas: por unos 38,09 euros al mes, de media, a alcanzar para el año 2013, pretende aumentar la calidad del sistema educativo, dotándolo de criterios de eficacia y eficiencia y de logros evaluables. Y para su cobro plantea una larga lista de exigencias que cada profesor debe acreditar a lo largo de un sexenio. ¿Quién da menos?
En la primera intervención de confrontación con el profesorado, ante una masiva huelga que afectó a más de un cuarto de millón de alumnos, ha demostrado una torpeza política impropia de quien ha acumulado varios trienios como profesional de la cosa pública.
Respecto a las cantidades que se estaban negociando, afirma la Consejera en los medios de comunicación lo contrario que el Sr. Viceconsejero en las mesas, ante las reiteradas peticiones de aclaración hechas por el Comité de Huelga. Ha desautorizado y ha quemado como interlocutor válido al Dr. Gral. de Personal y al Viceconsejero. Se ha desautorizado también ella, pues fue quien dio la orden de que se comunicara a los sindicatos el pasado martes la ruptura unilateral de la negociación, para luego convertirse en sacerdotisa máxima de la ceremonia de la confusión compareciendo ante la opinión pública en un intento desesperado por impedir la huelga y, además, enfrentar a la sociedad con los 25.000 profesionales de la enseñanza que, con grandes dosis de voluntarismo y dedicación, intentan sacar adelante cada día a la población canaria en edad escolar.
Afirma que no puede tomar medidas que hipotequen el futuro de la sociedad canaria, quien forma parte de un gobierno que en las dos últimas décadas ha propiciado el enriquecimiento de unos cuantos y ha arruinado el futuro de los habitantes de estas islas con medidas depredadoras de desarrollo insostenible sobre el territorio, de las que ella también ha sido parte muy activa, como es el caso del Puerto de Granadilla.
Resulta inaudito que la persona que está responsabilizada por la sociedad para gestionar una empresa de esta magnitud, la mayor de Canarias, intente desacreditar al conjunto de los trabajadores a los que le toca dirigir. Se atreve a lanzar mensajes de desprestigio hacia el profesorado, quien debiera continuamente estar tomando medidas para revalorizar la labor social del colectivo docente. De entrada, ha perdido su capacidad de liderar el servicio público de la educación, al menos ante el profesorado.
El gobierno canario tiene una deuda pendiente con la educación: una mayor consideración social de su profesorado, que obliga no sólo a mejoras retributivas, sino a aumentar las dotaciones de los centros educativos y favorecer las condiciones de trabajo en que se desarrolla la labor docente. Si la sociedad exige éxito en los resultados, el gobierno tendrá que poner medios suficientes para alcanzar esos objetivos. De lo contrario, estará haciendo demagogia y trasladando las culpas de su incompetencia política a los trabajadores de la enseñanza.
Una de los consignas coreadas por los más de doce mil docentes que salieron a las calles en manifestación el pasado viernes fue la de “el maestro de El Sauzal no nos quiere homologar”, afirmación que viene a hacer bueno el refrán de nuestros campesinos de que “no hay peor cuña que la de la propia madera”. Aunque, a estas alturas de su carrera política, ya no se puede considerar a don Paulino uno de “los nuestros”. Ya hace demasiado tiempo que perdió el contacto con la tiza.
Para los Presupuestos de 2008, el profesorado sigue esperando una respuesta a su reivindicación: homologación retributiva con el funcionariado canario de igual categoría y titulación, a los que se abona de diferencia una cantidad mínima superior a los 400 euros al mes. Y no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que los concedan. Las reivindicaciones se conquistan, preferentemente con el diálogo, pero también con la presión, si fuera necesaria.
* Miembro del STEC-IC y del Comité de Huelga
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