José Antonio Linares Moleiro * / Artículos de opinión.- Difícilmente haya un proyecto que haya suscitado tanta polémica como el destinado a la construcción de un puerto en la costa de Granadilla. Más de cien mil personas manifestándose en contra, personajes de la cultura mostrando su rechazo, catedráticos aportando sus conocimientos para justificar la oposición a tal infraestructura, organizaciones ecologistas demostrando los impactos negativos caso de hacerse esta obra, entendidos en el tema argumentando que se trata de un proyecto innecesario, devastador y, técnicamente desaconsejable, mientras los defensores mantienen en la tesis de la importancia para el desarrollo económico de la isla y de Canarias, criticando a los detractores con lindezas como que son financiados por la isla hermana para frenar el progreso de Tenerife.
Diversas movilizaciones populares, artículos periodísticos, programas televisivos, horas radiofónicas y una gran conciencia ciudadana han mostrado el rechazo a esta construcción. La mayor cantidad de quejas que ha recibido la unión europea ha mostrado un clamor ciudadano contrario a la construcción de este puerto industrial.
Utilizando uno de los escasos sistemas de participación en la toma de decisiones institucionales, se ha optado por presentar una proposición legislativa popular, la cual recoge más de cincuenta y seis mil firmas, la mayor de todas las presentadas en Canarias, sin que se tuviese la dignidad política de debatir, o sea: no se tomó en consideración.
El parlamento de Canarias estuvo representado, durante la legislatura del 2003 al 2007 por el 60,26% del electorado y, en la actualidad por el 50,14% del mismo, lo que deja a una gran parte de ciudadanos sin representación, añadiendo a éstos los residentes en Canarias que no tienen derecho a voto, por lo que la Ley de Iniciativa Popular debió ser tomada en consideración, máxime cuando ha sido avalada por la mayor representación jamás vista en esta “tierra única”, en lugar de ser excluida por la representación política, sin que se oyese una voz altamente representativa del pueblo.
La participación en la vida política debería ser un valor en alza en una sociedad, donde las libertades fuesen la base del estado de derecho y las libertades de la ciudadanía, correspondiendo esta defensa y promoción a los gobiernos legítimos, en lugar de la imposición y rechazo a la participación pacífica y libre de la población.
El Gobierno de Canarias, el Estado Español y la Unión Europea, han optado por negar la voz del pueblo en una infraestructura, donde debería ser la participación ciudadanía la que determinase su finalidad. Caso que ha incrementado el divorcio existente entre administrador y administrado, en lugar de aportar medidas y medios para que fuese un matrimonio perfecto y unido. Un enlace donde el representado se sintiese completamente satisfecho con el representante.
El proyecto del puerto de Granadilla no ha sido engendrado por deseo ni acuerdo de la población, su parto, doloroso y por cesárea y, su crecimiento, caso de darse, sería enfermizo y mantenido con respiración asistida, todo ello por la imposición de unos pocos insensible, que ostentado el poder han impuesto un tumor de pésimas consecuencia a una sociedad, cuya democracia ha resultado herida de muerte por negar la posibilidad del debate libre entre gobernantes y gobernados.
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