Prensa digital / Redacción Canaria.- El estudio realizado por el profesor universitario Ramón Trujillo, editado por una Fundación lanzaroteña, César Manrique, tiene como principio básico de análisis del proceso urbanizador de Las Teresitas, el hecho que todas las actuaciones en el mismo desde los años 60 se hicieron en favor de los propietarios más pudientes y en contra de los menos pudientes, meras víctimas de este esclarecedor panorama del urbanismo en Canarias.
Así Trujillo apunta que “lo llamativo del proceso urbanístico del ámbito de Las Teresitas es que pase lo que pase siempre ganan y pierden los mismos: tienden a beneficiarse los propietarios más pudientes y a salir perjudicados los que poseen menos recursos. Los mecanismos institucionales han hecho que así sea: primero, la formación de una Junta de Compensación a la que se concede una esfera de actuación que perjudica seria e innecesariamente a decenas de propietarios que no tienen muchos recursos económicos; segundo, a pesar de los fracasos de los promotores privados de la urbanización en el decenio de los setenta, se preservarán sus derechos y se seguirá perjudicando, como veremos, a decenas de pequeños propietarios que han estado luchando por sus solares, y en algunos casos, por sus viviendas durante más de treinta años, afrontando gastos judiciales y el desgaste personal que tantas veces refieren los afectados que se consideran víctimas de la injusticia que consiste en verse obligados a vender por debajo del precio de mercado sus solares, o en ser expropiados, con la finalidad de que otros hagan negocios privados”.
Doble rasero
Trujillo apunta que, “el desarrollo histórico de las actuaciones urbanísticas sobre el polígono de Las Teresitas muestra cómo no hubo inconveniente alguno en expropiar a los pequeños propietarios cuando se consideró necesario, pero también vemos cómo esa misma opción expropiatoria resultaría completamente inadmisible cuando afectara a dos multimillonarios. El alcalde de Santa Cruz diría, en el año 2000, que había que preservar la playa para los vecinos de Santa Cruz, “pero teniendo en cuenta que existen unos derechos consolidados contra los que nada se puede hacer”. Y bien que lo respetó.
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