Ayuntamientos y Corrupción.

Medios alternativos / La República.- Pedro Luis Angosto. El calificativo histórico se suele usar con una ligereza tal que pasmaría a Don Ricardo de la Cierva y Hoces: La economía valenciana atraviesa una etapa histórica, el Gobierno Zapatero es una calamidad histórica, la corrupción en nuestros Ayuntamientos bate record históricos.... Y la verdad, al menos para quien esto escribe, es que ese calificativo habría que utilizarlo con mucha cautela, pues ni mucho menos hemos vivido en los últimos diez años tantos acontecimientos históricos como señalan políticos, articulistas y líderes moderados de masas católicas como Jiménez Losantos, Don Federico.

Respecto a la cuestión que nos interesa ahora, la corrupción en los Ayuntamientos, antes de entrar en materia, conviene señalar que ni mucho menos estamos ante el periodo más podrido de los mismos, aunque el olor pestilente se expanda como la pólvora y el hedor deje a muchos sin respiración, no así a bastantes jueces y fiscales que parecen tomarse la cosa con la mayor tranquilidad, como si todo se redujese a Marbella. Mucho peor fue la situación durante la Restauración, segmento histórico en el que el caciquismo hacía mangas y capirotes de la soberanía popular en provecho propio, o el franquismo, régimen espurio durante el cual la corrupción no puede ser reseñada por este o aquel acontecimiento, sino que era la esencia, la sustancia, el alimento del mismo. Mariano Sánchez Soler ha estudiado bien las “gallinejas y entresijos” de aquel régimen repugnante.

Para justificar la actual situación –un régimen verdaderamente democrático tiene instrumentos más que suficientes para acabar con ella-, se ha recurrido reiteradamente a la falta de financiación de los Concejos, arguyendo que sus mermados presupuestos no son suficientes para atender la creciente cantidad de servicios que prestan. Y hay algo de verdad en ello, son los Ayuntamientos quienes se encargan mayoritariamente de la asistencia social, también son ellos quienes “atienden” el mantenimiento de las escuelas públicas, ¿la promoción de viviendas para los más necesitados?, los barracones escolares, quienes sufragan parcialmente las escuelas taller, los centros de alfabetización y, a veces, la atención a los emigrantes. Sin embargo, reconociendo que sus competencias han aumentado más que los ingresos que reciben de unas también endeudadas comunidades autónomas –véase la valenciana-, no es menos cierto que los Ayuntamientos –no todos- tiran el dinero remodelando, destrozando plazas como el Paseíto Ramiro de Alicante, haciendo aparcamientos subterráneos costosísimos e inútiles en los centros de las ciudades, horadando el suelo para introducir en él emetreintas, sufragando equipos de fútbol ruinosos, organizando fiestas que deberían montar los ciudadanos o alimentados a “artistas” naftalinosos. Si a los Ayuntamientos restásemos esos gastos completamente inútiles, si les privásemos de ese despilfarro, es muy posible que pudieran atender necesidades primarias con mucha mayor eficacia, pero evidentemente la cosa no va por ahí.

En esas circunstancias, tras la derogación por el Tribunal Constitucional en 1997 de la Ley del Suelo socialista, el Partido Popular elaboró –es un decir- en 1998 la que rige en la actualidad, una ley que permitió a las comunidades autónomas hacer lo que les vino en gana y que, en líneas generales, abría las puertas para que todo el suelo patrio fuese edificable. Los Ayuntamientos, ahogados financieramente por las nuevas competencias y por el despilfarro, recurrieron entonces como fórmula maravillosa de financiación a las recalificaciones y convenios urbanísticos, instrumentos urbanísticos que deben desaparecer cuanto antes y que han propiciado no sólo que muchos Alcaldes y Concejales estén llenos de basura hasta los higadillos, sino el enriquecimiento fácil de los especuladores, el abandono de los centros históricos, la destrucción irremediable de nuestro entorno paisajístico, la acumulación del suelo que rodea a pueblos y ciudades en cuatro manos y, por tanto, el encarecimiento brutal de la vivienda pese al enorme número de ellas que cada año se construyen en nuestro país. No ha mucho, el Portavoz de Economía del Partido Socialista, Ricard Torres, en una conferencia ofrecida en el Club Información, decía que la solución al problema heredado era muy difícil pues hoy la construcción emplea al 10% de la población activa del país, que había que hacer un aterrizaje suave para no crear una situación dramática a miles de familias. La nueva Ley del suelo parece que irá en esa dirección, pero esa ley –que probablemente derogue otra vez nuestro TC- ha de salir cuanto antes, ya, porque de no ser así, ante la pasividad de quienes tienen la potestad de investigar y procesar, habrá que entrar en muchos Ayuntamientos, cada vez más, con mascarilla y katiuscas, y lo que es peor, habremos consentido entre todos que este bello país se haya transformado en poco menos de una década en uno de los más feos e insufribles de Europa Occidental, donde los “modos” de aquí se desconocen y prima el uso del suelo como bien público