Redacción / Canarias Insurgente.- Los partidos asumen una responsabilidad con sus ciudadanos al prometer un programa electoral que dicen van a cumplir si salen elegidos, así lo han ”prometido” y siguen "prometiéndo" nuestros políticos en las campañas electorales en nuestros municipios. Sin embargo de todos es harto conocido que las promesas de los políticos y de sus partidos se desvanecen como volutas de humo.
Los ciudadanos cuando ejercemos el derecho al voto cada cuatro años, lo hacemos no sólo para elegir a nuestros representantes, también para exigir que estos velen por el desarrollo de una política de cero tolerancia a toda actividad que genere corrupción, para que apliquen una política de buenas prácticas en la Administración Pública, para que actúen como verdaderos interlocutores de las expectativas de los ciudadanos.
Lo primero que detecta el ciudadano en la praxis política de los partidos, después de haber ganado unas elecciones o de ocupar el papel de oposición en el consistorio, es que se incumplen las promesas sobre la lucha y/o erradicación de la corrupción, entre otras:
- Permisividad ante acciones de corrupción.
- Tráfico de influencias.
- Malversación de fondos públicos
- Recalificaciones.
- Testaferros (Su utilización por parte de los políticos).
- Nepotismo.
- Políticas de dádivas.
- Persecución. Intento de acoso y derribo sobre quienes critiquen o denuncien, delitos, abusos de poder...
- Delitos ecológicos.
- Obras que se prometen y no se cumplen o que se demoran una eternidad.
- Falta de controles de calidad.
- Informes contables demorados, inconsistentes o con falsa información.
- Ocultación y/o denegación de información pública.
- Entorpecimiento al acceso de los expedientes motivo de debate y aprobación por parte del partido mayoritario al resto de las fuerzas políticas con presencia en el consistorio.
- Pérdida de agilidad administrativa convirtiendo a la administración en un rocambolesco engranaje burocrático para el ciudadano, cercenando su derecho de acceso a una adminitración ágil y eficaz.
La democracia no es solamente el derecho al voto para elegir a los gobernantes cada cuatro años. Es mucho más: es la obligación permanente y sistemática de exigirles cuentas del cumplimiento de sus promesas electorales, de sus intenciones y acciones.
Hay que evitar que la política se mercantilice en la búsqueda de votos a toda costa. Pero esto sólo se consigue con una sociedad civil activa, bien informada y comprometida, para exigir a los políticos, a los gobiernos –nacionales, autonómicos, municipales- la responsabilidad de sus actuaciones. Una sociedad donde no tenga cabida la corrupción.
Pero no debemos ser tan ingenuos como para suponer que la corrupción y el mal gobierno se resuelven introduciendo códigos de buena conducta. Para erradicar el cancer de la corrupción no basta con rasgarse las vestiduras, ni instituir leyes, ni aumentar los aparatos judiciales o de seguridad del Estado.
Hacen falta soluciones algo más drásticas y efectivas. Se debe perseguir -quien la hace la paga- al que oculta y/o permite la corrupción, ya sea por connivencia, acción u omisión. Hay que transformar la conciencia individual y colectiva de la ciudadanía, los discursos de ”buenas intenciones”, de ética pública, no sirven para nada si no existe una voluntad política de aplicarla cotidianamente.
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