Salvador López Arnal * / Artículo de opinión.- En torno a "La revolución cubana", de Francisco López Segura (El Viejo Topo, Barcelona, 2010).
“Equidad y Austeridad. ¿Crecimiento sin costo social?” es el título del tercer apartado del 2º capítulo de La revolución cubana, el libro de Francisco López Segura que estamos comentando.
Usando una categoría impropia de un sociólogo critico como es él, FLS señala que en 1958, de la “mano de obra” total de Cuba, alrededor de unos 2.750.000 trabajadores, podría considerarse explotado “un monto de casi 2 millones”. FLS los clasifica en cinco grupos: el proletariado urbano, 400.000; un grupo heterogéneo, 254.000; 700.000 personas subempleadas que trabajaban sólo 2 o 3 meses por año para la cosecha de azúcar o en la construcción; trabajadores rurales, 570.000, y un cuarto de millón de campesinos. A la discriminación económica y social sufrida por estos grupos, se añadía la discriminación racial. No era difícil establecer la identidad social de la clase oprimida. Ni tampoco la de la clase dominante: 100.000 hombres de negocios, banqueros, comerciantes, y terratenientes. Sin embargo, “con relación a la clase media, esto es más difícil, pues de una mano de obra de 700.000 personas consideradas de clase media, sólo 300.000 podrían ser catalogadas de un modo permanente, realmente como de clase media”. Se habla, pues, de la estructura social cubana el año anterior a la revolución.
En la política social de la revolución, FLS distingue tres períodos: 1. De 1959 hasta 1963 se aplicó una política pública tradicional de carácter reformista que se agotó rápidamente. Objetivo esencial de estos años: “erradicar el desempleo y alcanzar la redistribución de la riqueza”. 2. De 1963-1989: los “Planes de Desarrollo Económico y Social” del país implementaron una política social que cubrió toda la población y todos los territorios de Cuba. Esa política incluyó áreas como el empleo, la nutrición, la asistencia médica, la educación; la seguridad social, la ayuda social, deportes y recreación, vivienda,… El desarrollo de esa política social se convirtió en la principal condición para alcanzar una menor desigualdad social. Ello implicó “una enorme construcción intensiva de capital social y humano y una rápida movilidad social ascendente de amplias poblaciones, mediante el pleno empleo, la redistribución de la riqueza, el sistema universal de salud y la cualificación mediante programas de educación”. En el tercer período, 1990-2010, la política social tuvo que recuperarse del enorme impacto del período especial. Este período, en opinión de FLS, “podría ser identificado por el carácter de prioridad absoluta que ha tenido la política social, ya que los gastos sociales representaron el 20% del PIB en 1989, y el 30% en 2006”.
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