Izquierda Unida Canaria reclama de la Cámara de Comercio de Las Palmas formación en temas de creación de tejido productivo generador de empleo estable y de calidad.

Crisis económica / Izquierda Unida Canaria (IUC Canaria).- Izquierda Unida Canaria reclama de la Cámara de Comercio de Las Palmas formación en temas de creación de tejido productivo generador de empleo estable y de calidad, en lugar de las Jornadas de “perfeccionamiento práctico” para los empresarios en temas concursales (o lo que es lo mismo: suspensión de pagos y despidos) que inaugura el 14 de septiembre, el Sr. Tadeo, empresario y Presidente de la Cámara de Comercio.

En Canarias, se han destruido 69.727 empleos sólo en el último año.

El mundo del trabajo en Canarias no es precisamente boyante. Según un informe elaborado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, con datos del año 2007 (antes de la crisis), las comunidades donde había mayor número de trabajadores que cobraban menos de 1.100 euros al mes eran Extremadura, Galicia y Canarias (en el caso del Archipiélago, el 69,1% de los trabajadores asalariados y autónomos). También antes de la crisis, existía en Canarias un paro estructural: 130.367 desempleados en el año 2006 y 133.729 parados en el año 2007.

Y todo esto ocurría mientras las empresas importantes recibían cuantiosas bonificaciones fiscales mediante el REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias y sus instrumentos fiscales: la RIC, Reserva para Inversiones en Canarias, que supone una exención fiscal de hasta el 90%), además de cuantiosas subvenciones de los fondos europeos, unos beneficios que no se han distribuido de forma justa al conjunto de la población, ni han servido para crear un tejido productivo propio, una estructura económica adaptada a nuestra realidad, a nuestros recursos, menos dependiente del exterior, capaz de generar empleo suficiente, estable y de calidad.

Al contrario, durante esos años, mientras se obtenían beneficios rápidos y cuantiosos, se producían prejubilaciones, con cargo, en parte, al sistema público de la Seguridad Social, o despidos puros y duros de trabajadores mayores de 50 años, con empleo fijo y con derechos, para sustituirlo por trabajadores precarios. No es una cuestión de edad, sino de salarios y derechos. De hecho, los estudios realizados con adultos de 21 a 70 años demuestran que la inteligencia fluida (jóvenes) está relacionada con estructuras del sistema nervioso, con el desarrollo fisiológico, mientras que la inteligencia cristalizada (mayores) lo está con las habilidades de la propia cultura, por lo que se asocia con la experiencia. También demuestran que se puede aprender en la edad adulta y que esto significa, especialmente, aprender a guiarse entre los conocimientos, a ordenarlos, a clasificarlos, a estructurarlos y a integrarlos de forma coherente en la experiencia vital. Esto lo demuestran, en el día a día, los prejubilados que vuelven a la Universidad y estudian una y más carreras. Pero no es necesario que estas cuestiones educativas las aprenda el empresariado, porque lo sabe por propia experiencia, ya que suelen ser de la misma edad o mayores que las y los trabajadores que prejubilan o despiden. Claro que el dinero no tiene edad.

Ahora, con la crisis, la situación de las y los trabajadores se ha ido agravando y según los últimos datos, Canarias acumula ya 245.966 desempleados, habiéndose destruido 69.727 empleos, en el último año. Esto es consecuencia de los numerosos Expedientes de Regulación de Empleo que se han presentado y los despidos que se han producido -ya no de personal mayor de 50 años, sino de personal con menos de 40 años- aprovechando algunos que la crisis pasaba por aquí.

Para muchos despidos se utiliza todo el abanico de posibilidades que han abierto las distintas reformas laborales, sobre todo, desde 1988 (modalidades de contratación, causas de suspensión de los contratos, causas de extinción de los mismos, movilidad, etc.)

Como si esto no fuera suficiente, la Cámara de Comercio de Las Palmas organiza unas “Jornadas de Perfeccionamiento práctico para los Empresarios y Autónomos en temas concursales, laborales y de Seguridad Social”, con conferencias como “Las empresas ante las sanciones y los despidos disciplinarios de los trabajadores: Cuestiones prácticas” y “El absentismo laboral desde la perspectiva empresarial”, entregando gratuitamente una guía práctica del absentismo. Inaugura la misma el Presidente de la Cámara, Ángel Luis Tadeo, propietario del Grupo Empresarial Dunas, dedicado a la promoción inmobiliaria y a la hostelería.

Si no existe voluntad por parte del empresariado – y no nos referimos a los pequeños empresarios y autónomos - sino a los grandes grupos empresariales, en generar empleo, habrá que recordar que la Constitución española establece que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”, “se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica”, “Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general” (artículo 128). También que “El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución”. Desde finales de la segunda Guerra mundial (1945) hasta los años 90, en los que se inició la fiebre neoliberal privatizadora, los países más desarrollados de Europa, tenían un sector público dominante, siendo empleado público uno de cada tres asalariados. Contrariamente a lo que ocurría en España donde se nacionalizaban las empresas con pérdidas a través del Instituto Nacional de Industria, el sector público europeo desarrollaba actividades económicas productivas que generaban, muchas de ellas, importantes beneficios para las arcas del Estado (minas de carbón, empresas eléctricas, fábricas de automóviles, empresas de ferrocarril, aerolíneas, etc.). Esto permitió un importante desarrollo social en materia de empleo, sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, etc., un Estado del Bienestar (bienestar que genera el Estado) que todavía las y los españoles no hemos logrado.

Para atender las necesidades colectivas (empleo, vivienda, sanidad, educación, etc.) cada vez más acuciantes, el Gobierno español y el gobierno autónomo deben promover la iniciativa pública en la actividad económica, de manera a estimular el crecimiento de la renta y la riqueza y su más justa distribución en el conjunto de la población.

Fdo. María Puig Barrios
Coordinadora General de
Izquierda Unida Canaria

C/ Perez del Toro, 7
35004 Las Palmas de G.C.
Tel/Fax: (928) 24 85 00/ 241833
E-mail: iuc.iucanarias@gmail.com
www.iucanaria.org